Ciudadanos y ciudadanas le piden a la Corte Constitucional que elimine la prohibición para ser jueces, juezas y magistrados/as de la JEP a defensoras y defensores de derechos humanos, establecida en declare inexequibles los artículos 100 y 104 del Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, “Proyecto de Ley Estatutaria 008 de 2017 – Senado y 016 de 2017 – Cámara “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)” que establecen un régimen de inhabilidades a defensores de derechos humanos para ser magistrados de las Salas y Secciones de la JEP.
Las comunidades y organizaciones sociales, políticas, étnicas y de Derechos Humanos que apoyamos la mesa de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional- ELN expresamos a las partes en negociación, al conjunto de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional
Las organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales, sindicales, ambientales y de mujeres abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación con motivo de la amenaza recibida por parte de la “Águilas Negras”.
Según el panfleto recibido vía correo electrónico, el día 22 de mayo, se nos declara “objetivo militar” bajo la justificación absurda, anti-democrática e irracional de apoyar el programa político conocido como La Colombia Humana dirigido por el candidato a la presidencia, el señor Gustavo Petro Urrego.
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, respaldan la decisión de la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de asumir el conocimiento y suspender el trámite de extradición del dirigente y miembro del equipo negociador de las ex FARC-EP Seuxis Paucias Hernández (Jesús Santrich). Dicha decisión, tomada en momentos en los que el proceso de paz atraviesa por un período difícil, debe ser acatada por el resto de las instituciones colombianas como corresponde a un Estado social y democrático de derecho que ha firmado un Acuerdo donde se priorizan los derechos de las víctimas y se busca conjurar los riesgos de repetición de la confrontación.