La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, respaldan la decisión de la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de asumir el conocimiento y suspender el trámite de extradición del dirigente y miembro del equipo negociador de las ex FARC-EP Seuxis Paucias Hernández (Jesús Santrich). Dicha decisión, tomada en momentos en los que el proceso de paz atraviesa por un período difícil, debe ser acatada por el resto de las instituciones colombianas como corresponde a un Estado social y democrático de derecho que ha firmado un Acuerdo donde se priorizan los derechos de las víctimas y se busca conjurar los riesgos de repetición de la confrontación.

Las plataformas se han expresado en distintas oportunidades en contra de las decisiones de extradición de nacionales colombianos, cuando con dichas decisiones se han puesto en cuestión los derechos a conocer la verdad, a la reparación de las víctimas y a los reclamos de justicia de la sociedad colombiana. Así lo hicimos cuando, sin haber surtido un proceso exhaustivo de rendición de cuentas ante la justicia colombiana, tuvo lugar la extradición de los jefes paramilitares en marzo de 2008.

Hacemos un decidido llamado a que se respete la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz. El Acuerdo de Paz busca, entre otros, superar la impunidad estructural y las falencias de la administración de justicia en Colombia, y para ello ha creado una nueva Jurisdicción que, junto con el resto de los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), tiene como objetivo devolver a la ciudadanía la confianza en el manejo de los asuntos judiciales y en la solución pacífica de los conflictos.

Por ello, como plataformas de víctimas y de derechos humanos, objetamos la repetida contradicción de la Fiscalía General de la Nación a las decisiones de la nueva Jurisdicción de Paz, pues con dicha forma de actuar la Fiscalía está desconociendo la independencia de la JEP como órgano de administración de justicia, y con ello está contradiciendo lo pactado. Le pedimos al Fiscal General de la Nación direccionar sus esfuerzos investigativos a recabar, solicitar y remitir las pruebas necesarias a la justicia colombiana, para que ella pueda tomar las decisiones pertinentes. Por su parte, a la Procuraduría General de la Nación le pedimos hacer uso de la facultad de actuar en los casos más graves y en defensa de los derechos de las víctimas, reconocida por la Corte Constitucional.

De igual manera, urgimos al resto de las instituciones a respaldar y a respetar el mandato de la JEP, y cumplir con su deber constitucional de colaborar armónicamente con ella. Además, en relación con las críticas o discusiones sobre el contenido de dichas decisiones, que por supuesto son bienvenidas como parte del debate democrático, invitamos a que tengan lugar en ambientes respetuosos y propicios para este tipo de intercambios, y no únicamente a través de las redes sociales.

La construcción de un proceso de paz acorde con las particularidades de nuestros propios conflictos, con respeto a los derechos humanos, donde haya primacía de los derechos de las víctimas, constituye una decisión indeclinable del pueblo colombiano en ejercicio de su soberanía. En este sentido, el respeto a la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas son un factor indispensable para hacer de la paz un proceso sostenible. En consecuencia, las decisiones de estos órganos deben ser respetadas por todas las instituciones del Estado colombiano. De no ser así habría la necesidad de acudir a la observancia del Relator Especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados para que observe la garantía a la independencia de la JEP.