El jueves 19 de septiembre, desde las 9 de la mañana, en el recinto del Concejo municipal de Jericó, se llevó a cabo una audiencia pública con motivo de la querella interpuesta por la AngloGold Ashanti y el señor Javier Bermúdez contra 38 personas, entre ellas campesinos y liderazgos ambientales del municipio y el Suroeste antioqueño, por la presunta perturbación de una posesión.

El hecho que ocasionó la interposición de la querella ocurrió el 28 de noviembre de 2022, cuando en la vereda Vallecitos de Jericó, los campesinos, líderes y lideresas en cuestión, se encontraron con empleados de la Empresa Minera de Cobre Quebradona, quienes vestían como recolectores de café mientras adecuaban el terreno para instalar de manera clandestina una plataforma minera. Ante esta situación, las personas hoy día querelladas realizaron un plantón, impidiendo la instalación de la plataforma de exploración, y argumentando que la empresa minera no informó a la comunidad de dicha acción, además de que en años anteriores se había comprometido a no realizar actividades mineras en la vereda.

En la audiencia, la defensa de la parte querellada solicitó la nulidad, argumentando la violación al debido proceso y el derecho a la defensa tras la ausencia de documentos dentro del expediente y la carencia de justificación para continuar el proceso. También que el hecho debe tramitarse y contemplar el enfoque diferencial en varias perspectivas: la primera, entendiendo que la acción referida involucra al campesinado, declarado y reconocido como sujeto de derechos de especial protección; y la segunda, considerando que el hecho se enmarca en el ejercicio del deber de los ciudadanos de defender los bienes comunes y el derecho a la movilización social.

De igual manera, debe tenerse presente que los hechos acaecidos derivan del accionar de la multinacional AngloGold Ashanti, quien omitió obligaciones como el cumplimiento del protocolo de comunicaciones establecido por el Ministerio de Minas y Energía; el respeto a derechos humanos de las comunidades y el territorio. Además, durante el proceso, la proyección de la multinacional en elterritorio y la materialización de sus acciones vulneran y omiten las facultades del Acuerdo de Escazú el cual tiene como pilares el acceso a la información, la justicia y la participación de las comunidades en temas ambientales.

Por su parte, la parte querellante solicitó al inspector rechazar la solicitud de nulidad por parte de los querellados. Finalmente, Mauricio Escobar Rúa, Inspector de Policía de Jericó, desestimó todos los argumentos presentados por la defensa de las y los campesinos, rechazando la solicitud de nulidad. Mencionó que no tiene facultades para definir un conflicto socioambiental haciendo referencia a que es una situación que corresponde a un juez; desconociendo que el tratamiento administrativo de casos de convivencia ciudadana, propias de las inspecciones de policía, contemplan igualmente asuntos ambientales. Asimismo, notificó que no le parecía que en el proceso se estén vulnerando los derechos del campesinado, por lo que desiste de la posibilidad de dar un tratamiento diferencial bajo el entendido del campesino como sujeto de especial protección, pues de ser necesario según su criterio, el escenario sería que los campesinos fueran la parte querellante y no la querellada. Respalda así su decisión enfatizando que por el contrario se han vulnerado los derechos de la empresa minera y del señor Javier Bermúdez como propietario del predio.

Aunque la defensa de los querellados repuso la decisión del Inspector, insistiendo y fortaleciendo varios de los argumentos ya mencionados para solicitar la nulidad de la querella, el Inspector se mantuvo en su negativa e informó a los asistentes que la próxima audiencia pública se realizará el 25 de noviembre del año en curso.

Tras dos años de esta primera querella, reconociendo las décadas de resistencia y defensa del territorio por parte de la comunidad del Suroeste, y enfatizando en la urgencia por las garantías plenas para defender la vida, el agua y el territorio, las organizaciones sociales firmantes del presente pronunciamiento exigimos la imparcialidad en el tratamiento de este caso y el respeto al debido proceso para las comunidades en Jericó.

Jericó, Antioquia, 20 de septiembre de 2024.

 

Suscriben:

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• Veeduría JJ Arcila Jericó 
• Imagina Jericó
• Mesa por los Derechos Humanos frente al poder empresarial 
• Corporación Jurídica Libertad
• Instituto Popular de Capacitrtación