El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -FCSPP, la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -CAJAR y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU participamos, el pasado 13 de junio, en la Audiencia Pública convocada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para discutir el anteproyecto de criterios y metodología de priorización de casos y situaciones, y llamados a la Sala y a toda la JEP, los cuales deben ser definidos el 30 de junio del presente año.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -Fcspp, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -Cceeu, que agrupa a más de 200 organizaciones a nivel nacional, presentaron una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional para solicitarle que declare constitucional el Acto Legislativo 05 de 2017 que prohíbe la creación, favorecimiento, apoyo y financiación de grupos paramilitares, así como sus redes de apoyo. Asimismo, solicitan a la Corte que reconozca el origen estatal del paramilitarismo y como expresión de la violencia política.
Después de medio siglo de guerra, Colombia está experimentando el fin del conflicto armado por la vía negociada y el comienzo de la construcción de una paz estable y duradera. La violencia relacionada con el conflicto armado y la tasa de homicidios vinculada a este, son las más bajas en los últimos 30 años, y ex integrantes de las FARC han dejado las armas para contribuir activamente a la restauración del tejido social.
Hace unas semanas se abrieron las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—, entidad creada en el marco de los acuerdos para una paz estable y duradera, suscritos por el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP. Este hecho nos llena de esperanza, pues vemos, en la JEP y en el espíritu del acuerdo, una oportunidad para las víctimas y el país. Esto implica que los agentes estatales, los grupos armados ilegales y los responsables de violaciones graves a los derechos humanos ─amparados por el manto del silencio y la impunidad durante décadas─ reconozcan su responsabilidad sobre los hechos, ofrezcan perdón público, contribuyan con acciones concretas a la reparación integral de las víctimas y esclarezcan la verdad sobre los hechos victimizantes, además de establecer garantías de no repetición para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.