Hace unas semanas se abrieron las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—, entidad creada en el marco de los acuerdos para una paz estable y duradera, suscritos por el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP. Este hecho nos llena de esperanza, pues vemos, en la JEP y en el espíritu del acuerdo, una oportunidad para las víctimas y el país. Esto implica que los agentes estatales, los grupos armados ilegales y los responsables de violaciones graves a los derechos humanos ─amparados por el manto del silencio y la impunidad durante décadas─ reconozcan su responsabilidad sobre los hechos, ofrezcan perdón público, contribuyan con acciones concretas a la reparación integral de las víctimas y esclarezcan la verdad sobre los hechos victimizantes, además de establecer garantías de no repetición para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.