Este documento consta de tres partes: en la primera de ellas, se presenta un panorama general sobre la tortura y la persistencia de graves violaciones conexas a la tortura en Colombia, sobre las que el Comité había expresado especial preocupación, tales como: las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas directamente atribuidas a la Fuerza Pública; los desplazamientos forzados; la violencia sexual y el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado interno.
En el informe alterno presentado al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (en adelante el Comité) por parte de varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en 20031, puede apreciarse cómo en Colombia se cumplen todos los elementos de la definición expuesta por el Comité, que permiten considerar la tortura como una práctica sistemática2, atribuible a todos los grupos armados y en particular a la fuerza pública.
Las verdaderas dimensiones del crimen de la tortura en Colombia, siguen sin conocerse aunque su práctica continúe aplicándose de manera permanente en todo el territorio nacional, en medio del conflicto armado por parte de todos los grupos combatientes y en especial siga subsistiendo en medio del sistema carcelario, aplicado directamente por funcionarios públicos o por parte de detenidos que cuentan con el apoyo y aquiescencia de estos.
En este informe puede apreciarse que en Colombia se cumplen todos los elementos de la definición expuesta por el Comité y que la tortura se comete de una manera sistemática y generalizada, situación que no es nueva y que, por el contrario, se viene presentando desde hace muchos años. Hoy la situación ha empeorado sustancialmente y la tortura ocupa un lugar preponderante, dentro de la grave crisis de derechos humanos y derecho humanitario que vive el país.