Bogotá, D.C. 5 de octubre de 2022. El 05 de octubre, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, a las 8:30 a.m, el Programa Somos Defensores, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, presentan a la opinión pública el informe “Garantías para el cambio: Dispositivos de política pública en favor de las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales”.

Este informe realiza una serie de recomendaciones al Gobierno de Gustavo Petro y a otros organismos del Estado para a) lograr superar la violencia que aún persiste en el país y sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera y b) proteger, de manera urgente, la vida de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales que día a día, el ejercer sus derechos, se enfrentan con una situación de riesgo en contra de su vida e integridad.

Las recomendaciones toman como base el retroceso del gobierno de Iván Duque en la implementación de los compromisos adquiridos por el Estado en el Acuerdo Final de Paz, con el cual el país se retrajo a los indicadores de violencia que se tenían antes del Proceso de Paz: en su gobierno no se logró avanzar en el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y el crimen organizado, tampoco se logró erradicar la violencia por parte del Estado al no brindar garantías para  defender los derechos humanos y ejercer el derecho a la protesta social; por el contrario, se reprimió violentamente la protesta social, se expandió de manera acelerada el paramilitarismo y el crimen organizado, y aumentó el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y firmantes del AFP.

El informe documenta la parálisis de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad como estrategia del Gobierno de Iván Duque, los retrocesos en el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de DDHH, las acciones que terminaron por distorsionar el accionar de la Unidad Especial de Investigación, las dificultades persistentes en el Sistema de Prevención y Alerta para la reacción Rápida, entre otras. Con ello, hace un análisis sobre la eficiencia y operatividad de las herramientas que dispone actualmente el Estado para salvaguardar la vida y garantizar la defensa de los derechos.

Luego de cuatro años que significaron un retroceso en la construcción de Paz, existe una gran exigencia y esperanza por parte de la sociedad civil. Es necesario contar con la voluntad política por parte del gobierno nacional para atender a las recomendaciones y conclusiones consignadas en este informe, con lo cual será posible trazar el camino que permita salvaguardar la vida y el ejercicio de derechos, de manera que se establezcan a lo ancho y largo del territorio nacional #GarantíasParaElCambio.