Bogotá D.C., 6 de abril de 2022. La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todas, red nacional de organizaciones sociales, barriales, estudiantiles, ambientales, feministas, de comunicaciones y de derechos humanos, lanzan en la ciudad de Bogotá el informe “Torturar y castigar a quien protesta”, el cual realiza un análisis acerca de cómo el uso arbitrario de la fuerza y la tortura son practicas generalizadas de represión en el marco de la protesta social con el fin de emitir mensajes y castigos aleccionadores a las personas que se movilizan.

El informe abarca los tres periodos de mayor movilización ocurridos entre el 21 de noviembre de 2019, el 9 al 11 de septiembre de 2020 y el 28 de julio de 2021, los cuales componen el estallido social de la protesta y la indignación.

El documento muestra la necesidad de reconocer, describir y sacar de la oscuridad la ocurrencia de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TCID) ante la opinión pública, en instancias judiciales y disciplinarias, de manera que se pueda abordar integralmente. Esto a partir de un análisis jurídico de la tortura según los instrumentos internacionales de DDHH, el análisis de las armas potencialmente letales que pueden generar tortura y las dinámicas sociales que ha tomado el fenómeno en las protestas.

Al no nombrar la tortura como un crimen sistemático y generalizado que ejecuta la Policía Nacional y otras instituciones de la Fuerza Pública, se permite y se estimula su ocurrencia, muchas veces los casos pasan encubiertos como situaciones de “lesiones personales” o en simples “abusos de autoridad” sin que se resalte la gravedad de la tortura, evitando su investigación y una mayor sanción.

Durante la labor de monitoreo y protección como Comisiones de Verificación e Intervención (CVI) de la sociedad civil pudimos conocer y evidenciar cómo el Estado colombiano pretende a través de la tortura, anular la personalidad de las personas, despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano y desestimulando el ejercicio de la protesta: Muestra de ello son las 133 muertes arbitrarias producto del uso arbitrario de la fuerza (muchas de las víctimas fueron sometidas a tortura por uso excesivo de la fuerza que ocasionaron su muerte); 80 casos de tortura durante detenciones administrativas y/o con fines de judicialización; y 2.607 heridos producto del uso excesivo y arbitrario de la fuerza, 107 de ellos con trauma ocular; para un total de 2.820 posibles víctimas de tortura y TCID durante 215 días de movilización, es decir 13 víctimas de tortura por cada día de protestas.

A su vez, el informe muestra la impunidad estructural que rodea esta violación de derechos humanos pues no hay una debida diligencia para identificar, juzgar y sancionar por parte de las instituciones del Estado colombianos. La Fiscalía general de la Nación solo ha iniciado 3 investigaciones por este tipo de hechos (ninguna víctima es manifestante), la Justicia Penal Militar reporta 390 investigaciones por delitos cometidos por agentes de la Fuerza Pública en el contexto de la protesta social desde 2019 al 10 de junio de 2021, lo cual contrasta con los miles de casos reportados en el informe. Así mismo las investigaciones adelantadas tanto por la Inspección General de la Policía Nacional como por la Procuraduría General de la Nación, no resultan alentadoras y replican la impunidad estructural.

Con el fin de reconocer el fenómeno de tortura en Colombia este informe consta de 5 apartados claves, en los cuales ocupó un lugar central, la participación de las víctimas:

• Marco normativo de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
• Uso de armas y municiones que derivan en tortura y TCID.
• Dinámicas y relatos de la tortura y los TCID durante el estallido social.
• Impactos psicosociales en víctimas de tortura y TCID durante el estallido social.
• Estado de las investigaciones: impunidad e injusticia.

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