El Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, la Campaña contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia, la Corporación Zoscua y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, denunciamos el uso excesivo de agentes de la fuerza pública contra manifestantes que participan desde el 19 de agosto en el paro nacional agrario con carácter indefinido, convocado hace varios meses por los campesinos en diferentes regiones del país.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos para el Paro Nacional Agrario y Popular, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP y la Campaña contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta en Colombia, dan a conocer los actos de tortura física y psicológica, agresiones, intimidaciones, obstaculizaciones y detenciones arbitrarias, que se presentaron entre el 20 y 21 de agosto, en el municipio de Chocontá, Cundinamarca y la Vereda El Páramo y El Tobal, municipio de Tutanza.
Desde su retorno, la Comunidad ha recibido muestras de una creciente solidaridad de parte de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos alrededor del mundo, lo cual le ha animado a seguir fortaleciendo su proyecto de vida colectivo. Sin embargo, la acción de las autoridades locales sigue en contravía de los precedentes sentados por las altas cortes colombianas y las recomendaciones internacionales para el tratamiento y atención a la población desplazada.
El gobierno de Juan Manuel Santos ha venido profundizando el neoliberalismo y las políticas de despojo y militarización. Mientras en las pantallas de televisión hace llamados a la paz, en campos y ciudades desata la más cruenta guerra contra el pueblo y sus organizaciones. Por esas razones es más que justa la movilización que hemos iniciado diversos sectores en país.