La campaña Defender la libertad: asunto de tod@s, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP, la Fundación Fumpaz y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - Movice, denuncian ante la opinión pública, el hurto de información sensible contenida en computadores de los defensores/as de derechos humanos Jesús Castañeda Hernández (Fumpaz Bogotá) y Daniela Buritica (FCSPP); además de la memoria USB y microSD de Jeison Pava (CPDH).
El pasado sábado 13 de enero cerca de su casa en el sur de Bogotá. Blanca Díaz fue abordada por dos hombres que la secuestraron y sedaron, y posteriormente la dejaron tirada cerca al Centro Distrital de Memoria. Los dos hombres interpelaron a Blanca diciéndole “guerrillera sapa siga haciendo campaña” Adicionalmente, los dos hombres le cortaron a Blanca su cabello, en un acto que representa un hecho de violencia de género imperdonable.
El 11 de enero del año en curso, tropas pertenecientes al Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez –BIRNO 44- adscrito a la Décimo Sexta Brigada del Ejército Nacional, arribaron a la vivienda de ANDRES CAMILO BARRERA PATIÑO y DIANA CAROLINA SAGANOME CARDENAS, ubicada en la vereda Volcán Blanco, jurisdicción del municipio de Aguazul (Casanare); acto seguido procedieron a instalar campamento en el patio del referenciado lugar. Ante esa situación sus propietarios le solicitaron al Capitán ALVARO JOSÉ ARROYO, que se retiraran a mayor distancia, a fin de evitar colocar en riesgo la integridad de los habitantes de la casa. El oficial indico que se retirarían, sin embargo pernotaron toda la noche.
El comité de solidaridad con los presos políticos denuncia ante la comunidad nacional e internacional las nuevas amenazas de las que ha sido objeto, al igual que miembros de organizaciones sociales y sindicales. Estas se han venido presentando de manera constante y reiterada, señalando y estigmatizando la labor de los defensores de los derechos humanos, de las organizaciones sindicales y en general del movimiento social. Las amenazas, actuales y pasadas, se han denunciado ante la fiscalía general de la nación, sin que hasta el momento se hallen los responsables de las mismas.