El Informe Especial: “Situación de Emergencia por vulneraciones a los Derechos Humanos en el departamento del Cauca”, contiene un análisis de factores de riesgo en los territorios, la descripción estadística de los hechos y el registro de las personas defensoras de derechos humanos y ex-combatientes asesinados en 2020, los cuales sirven como insumo para vislumbrar las realidades vividas por las comunidades urbanas y rurales del Departamento del Cauca.

Ante la persistencia y agudización de la violencia sociopolítica en los territorios rurales y urbanos del país, y particularmente en el Departamento del Cauca, este informe, realizado por las Organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías del Cauca con el apoyo del Comité de Solidaridad de Presos Políticos -CSPP-, se erige como una oportunidad para visibilizar la crítica situación humanitaria de las personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y de ex-guerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación, en esta región del país, en donde las características de las víctimas, el modo de operar de los victimarios, los intereses y disputas económicas y políticas - legales e ilegales - que existen en los territorios y sus fines, contrastan con la falta de presencia estatal integral y la incapacidad del Estado por contrarrestar los ataques y protegerlos efectivamente, y evidencian el carácter sistemático de la violencia sociopolítica en Colombia.

Por la dejación de armas por parte de las FARC-EP, las deficiencias notorias en el cumplimiento al acuerdo de paz y la ausencia de la presencia estatal en los territorios, el Departamento del Cauca ha afrontado la militarización de sus territorios, que contrastan con la recomposición de grupos armados ilegales y las disputas territoriales y el control territorial geoestratégico en zonas donde anteriormente hacía presencia las FARC – EP los cuales desarrollan acciones militares sostenidas. Tienen intereses y control económico - legales e ilegales, extractivos, minero energético, cultivos de uso ilícito, proyectos productivos agroindustriales, economías informales chance, gota a gota – y políticos.

Las cifras evidencian que, frente a la amplia presencia de actores armados, la respuesta institucional es una extrema militarización de los territorios, desproporcionada en contraste con la presencia de la institucionalidad civil encargada de proteger los Derechos Humanos de las comunidades, especialmente de aquellas que habitan zonas rurales. Lo cierto es que, pese al elevado gasto de recursos públicos destinados para el mantenimiento de la presencia militar y policial, los grupos armados ilegales continúan expandiéndose y fortaleciéndose militar y económicamente.

Desde la firma Acuerdo de Paz hasta la fecha, de los 271 homicidios registrados, 32 hacían parte de liderazgos de organizaciones urbanas y 239 de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales, cifra última que representa el 88.19 % de los homicidios. Ahora bien, el 69.37 % de los crímenes, es decir 188 homicidios, fueron cometidos en contra de integrantes de las organizaciones que conforman la Mesa Territorial de Garantías, y de esos, el 50.92% se perpetraron en contra de líderes indígenas. Todas las personas defensoras de derechos humanos asesinadas, en sus comunidades y organizaciones realizaban acciones de defensa y reivindicación de derechos, oponiéndose a la dinámica de las economías ilícitas, o apoyando las disposiciones del Acuerdo de Paz, y su labor fue determinante en las agresiones que sufrieron.

La generalidad de los casos, determinó que principalmente, los presuntos autores materiales de los homicidios fueron: miembros de grupos criminales, posiblemente integradores de ex miembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares; ‘Grupos armados ilegales’ (ELN y EPL); ‘Grupos Armados Residuales’ y miembros de la fuerza pública (Ejército y Policía).

El Cauca continúa siendo uno de los departamentos que ostenta uno de los primeros lugares en cuanto a la agresión al liderazgo social y a las comunidades. La tendencia en la pandemia no disminuyó, sino que posibilitó la profusión y control territorial de los grupos armados llegando a una sobre militarización del territorio. En el 2020 el Cauca contó 100 líderes asesinados y 14 masacres, en este contexto la inaplicación del Acuerdo de Paz y de los compromisos adquiridos en la Mesa Territorial de Garantías posibilitan ese crecimiento de las violencias.

Este informe pretende así,  ser un elemento de aporte para resaltar  la importancia de poner el acento en las causas, en el carácter generalizado y sistemático de la violencia estructural, socio política, económica, ambiental, simbólica y cultural, en sus raíces e intereses económicos y políticos y las nefastas consecuencias para la sociedad colombiana, cuyo fin último está dirigido a desmembrar el tejido social, debilitar los sujetos sociales y sus organizaciones y romper cualquier posibilidad de actuación colectiva y de paz desde los territorios del departamento del Cauca. Así, pretende igualmente visibilizar la necesidad de establecer reales soluciones desde una perspectiva de seguridad integral que supere la noción de la militarización y que parta del cumplimiento del Acuerdo, de los compromisos adquiridos en el marco de la Mesa Territorial de Garantías del Cauca de la protección del ejercicio de la protesta social que tiendan hacia un fortalecimiento de la democracia, el pluralismo, la participación y la garantía del derecho a defender derechos.