Como mandato, la Comisión ha previsto emprender acciones tendientes a promover la divulgación y socialización de la sentencia; monitorear el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte a las instituciones responsables; presentar informes especializados en la materia; evaluar políticas públicas; proponer alternativas de política criminal y constituirse en un espacio para la consulta, entre otros.

En este sentido, el presente documento tiene por finalidad, entre otras, dar respuesta a los dos informes presentados por el Gobierno Nacional para dar cumplimiento a las órdenes emanadas de la sentencia T- 388 de 2013. El mismo, presenta observaciones concretas a la información contenida en los informes, así como reflexiones de índole jurídico-penal que pretenden contribuir a los futuros esfuerzos de cese del nuevo ECI que enfrenta la población penitenciaria, desde una perspectiva que otorgue especial vigencia al enfoque diferencial como categoría de análisis constitucional. De tal forma que implementar una política criminal y penitenciaria acorde con dicho enfoque, dirigido a la atención de las necesidades específicas de los grupos históricamente discriminados, como es el caso de las personas LGTBI, mujeres y población indígena, se constituye en un presupuesto indispensable para la consecución de los fines del Estado Social de Derecho y la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.