Para la Comisión el Quinto informe del Gobierno Nacional tiene varios problemas transversales
Comentarios sobre el Quinto Informe Semestral de Seguimiento del Gobierno Nacional al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario.
La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T- 388 de 2013 presentó comentarios y observaciones frente al Quinto informe Semestral elaborado por el Gobierno Nacional. De esta manera, las organizaciones y personas que componen la Comisión de Seguimiento agraden la oportunidad que se les da de participar en esta metodología de seguimiento, y se espera que los comentarios presentados sean útiles para para la superación del estado de cosas inconstitucional, que todavía afecta al sistema penitenciario y carcelario.
El documento entregado por la Comisión de seguimiento comprende dos partes. La primera parte entrega argumentos generales sobre puntos transversales del Quinto Informe del Gobierno Nacional, tales como:
- La falta de coherencia entre algunos objetivos mencionados en el Informe con algunas declaraciones y propuestas del Gobierno Nacional.
- La ausencia de información de diagnóstico, la omisión de algunos problemas centrales de la crisis y la falta de claridad de los planes de acción para superarlos.
- La ausencia completa de consideraciones desde enfoques diferenciales (de género, étnico, discapacidad, edad, entre otros).
Por otro lado, en la segunda parte se desarrollan algunos comentarios y observaciones sobre ejes especiales del seguimiento. En particular, la Comisión presenta comentarios sobre:
- La resocialización como eje central de una estrategia de superación de la crisis.
- El hacinamiento carcelario, la ampliación de la infraestructura y la reforma de la política criminal.
- La intervención integral en el sistema de salud
- La ausencia de consideraciones sobre las problemáticas de la alimentación de las personas privadas de la libertad.
En términos generales, para la Comisión es de vital importancia que el Gobierno Nacional y demás entidades del Estado involucradas en la política criminal, como la Rama Judicial y el Congreso de la República, asuman un compromiso inequívoco para reformar la política criminal, evitar presentar y aprobar proyectos de ley que tienen aumentos punitivos desproporcionados, indiscriminados y que sean incoherentes.
Los/as invitamos a leer el informe completo.