El pasado 17 de marzo del año en curso y tras 24 días de huelga de hambre por parte de la población reclusa de Valledupar, el director de este centro penitenciario, la delegada de la dirección política criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho, el brigadier general Jorge Aragón y el director general del Inpec, se comprometieron a modificar el régimen interno que vulnera evidentemente los derechos fundamentales de la población reclusa.
El 22 de marzo en el patio 9 de la Reclusión de Mujeres del Buen Pastor en Bogotá, en horas de la mañana las guardianas del INPEC impiden a las reclusas estar en las celdas como medida represiva ante el decomiso de un teléfono móvil a una de ellas, es decir, aplican un régimen penitenciario a un establecimiento carcelario, transgrediendo la ley, obligándolas a estar todo el día en el centro del patio sin poder entrar y salir de las celdas.
Desde el 23 de Febrero del presente año, los detenidos del centro penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar, iniciaron huelga de hambre indefinida de manera rotativa, es decir que la medida es asumida por un número de internos por periodos determinados en modo de protesta para recibir mejoras en los temas de; salubridad, atención médica, hacinamiento, y la no repetición frente a actos de tortura.
Los internos de la cárcel de la picota han venido denunciado ante la opinión pública la corrupción en los contratos y servicios de la alimentación que presta la entidad contratista Servialimentar, así como de la ineficiente administración del antiguo Director de Picota, César Augusto Ceballos. Frente a dicha situación, más de 3 mil internos de 16 patios han venido protestando para que estos servicios sean prestados de forma digna.