• Piden reconocer y garantizar la no repetición del papel del Estado en la prolongación del conflicto armado y la violencia sociopolítica  

Con el propósito de contribuir a la construcción de un relato amplio y polifónico de la verdad, plantear rutas y acciones para la garantía de no repetición e impunidad y establecer una diferencia entre conflicto armado y violencia sociopolítica, el próximo jueves 21 de abril se hará entrega del documento Cinco mínimos de verdad sobre la criminalidad estatal y su configuración como práctica social genocida cometida en Colombia ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad -CEV. 

El documento realizado por el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar- tiene como fin solicitar a la Comisión de la Verdad el reconocimiento de estos cinco mínimos que han sido documentados durante décadas por víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos internacionales y decisiones judiciales que permiten concluir que: 1) El Estado fue responsable de la prolongación del conflicto armado 2) Existen  doctrinas y mecanismos desde los órganos del Estado que han propiciado la eliminación de amplios sectores críticos y opositores 3) El paramilitarismo no ha sido un tercer actor sino una estrategia  estatal de perpetración del genocidio político 4) La violencia estatal propició una democracia restringida y 5) La violencia estatal ha tenido un trasfondo económico para favorecer intereses de algunos sectores y perpetuar el modelo vigente. 

Como garantías de no repetición, el documento entrega una serie de propuestas para que sean  incluidas dentro de las “recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad”, consistentes en reformas institucionales que buscan corregir algunas de las causas de las graves vulneraciones a los derechos humanos vividas durante décadas. 

Estas reformas tienen que ver con el cumplimiento pleno del Acuerdo Final de Paz, derogar la doctrina de seguridad nacional que sustenta la idea de un enemigo interno, abolir la inteligencia ilegal contra defensores, abrir los archivos de entidades de inteligencia y militares a la sociedad, revisar los Tratados de Libre Comercio –TLC-, entre otras.   

En relación con la difusión del informe de la Comisión de la Verdad, las organizaciones recomiendan adoptar herramientas de divulgación con enfoque diferencial, de manera que llegue a todos los sectores de la sociedad, entendiendo la verdad histórica del conflicto armado, la violencia sociopolítica y sus víctimas, como un bien público.  

La entrega de este documento estará acompañada por un Plantón convocado al frente de la CEV este jueves 21 de abril de 2022 a las 2 pm convocado al frente de la CEV, donde víctimas y organizaciones sociales expondrán las galerías de la memoria que dan cuenta de la magnitud de los crímenes de Estado. 

 

Anexo: Resumen de propuestas de recomendaciones para el informe de la Comisión de la Verdad 

Sobre la responsabilidad del Estado en la prolongación del conflicto armado 

• Cumplir a cabalidad el Acuerdo Final de Paz con un presupuesto adecuado que dé facultad a su implementación. 
• Garantizar la participación política, como una deuda histórica con los movimientos sociales y organizaciones de oposición, incluyendo la participación de mujeres y sectores discriminados. 
• Tomar acciones efectivas para enfrentar las sistemáticas agresiones a firmantes del Acuerdo y cumplir con los procesos de reincorporación colectiva, económica y social sostenible de excombatientes. 
• Restablecer la mesa de negociación con el ELN y con otras expresiones armadas. 
• Acoger la propuesta de desmonte de las estructuras paramilitares y sus redes de apoyo, que presentaron las organizaciones defensoras de derechos humanos el pasado 11 de septiembre de 2020 a la secretaría técnica de la Comisión Nacional de Garantías. 
• Priorizar la lucha contra la corrupción en las instituciones civiles y militares causadas por las drogas ilícitas, así como el combate a los eslabones más fuertes de la cadena como son la producción, comercialización, el lavado de activos, las finanzas y las redes nacionales que son las que provocan mayor violencia. 
• Aprobar leyes y normas que sancionen penal y disciplinariamente a personas y servidores públicos que obstruyan u obstaculicen la implementación del Acuerdo Final de Paz, los procesos de reincorporación a la vida civil de los firmantes del acuerdo, o los acercamientos, diálogos o conversaciones de Paz. 

En cuanto a la existencia doctrinas y mecanismos de represión desde el Estado, el informe recomienda 

• Que la CEV reconozca que en Colombia se perpetró un genocidio político, continuado y extendido y sus agentes que definieron, desarrollaron e implementaron planes sistemáticos para eliminar total y parcialmente a la oposición, tal y como lo concluyó el Tribunal Permanente de los Pueblos en su fallo de 2021. 
• Depurar las instituciones del Estado y sus cuerpos de seguridad, de aquellos miembros implicados en la comisión de crímenes bajo el derecho internacional, que hicieron parte de estructuras como la Brigada de Institutos Militares (BIM), la XX Brigada de Inteligencia y Contra Inteligencia del Ejército Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).  
• Derogar la Doctrina de Seguridad Nacional y con ella el concepto del “enemigo interno” y al cual hay que exterminar.  
• Velar por la eficacia de la cláusula que prohíbe la inteligencia ilegal por razones políticas, de raza, sexo, etnia, entre otros y con esto cesar el hostigamiento y perfilamientos contra líderes sociales y político, organizaciones sociales y prensa alternativa. 
• Garantizar que las acciones de inteligencia cuenten con verdaderos controles, no solo internos sino también externos y con participación del movimiento social y de derechos humanos. Lo anterior conforme la cláusula de sometimiento del poder militar al poder civil. 
• Compatibilizar la legislación de inteligencia con los nuevos riesgos por los avances de las nuevas tecnologías. 
• Promover la deliberación pública sobre la doctrina militar a fin de armonizarla con los más elevados estándares de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. 
• Verificar la abolición de la doctrina contrainsurgente y anticomunista, con la cual se motivó la comisión de crímenes de carácter genocida y graves violaciones a derechos humanos. 
• Crear un sistema público con participación de la sociedad civil en el control de ascensos en la carrera militar, así como la sanción con medida cautelar de funcionarios de alto rango acusados de violaciones a derechos humanos. 
• Crear una cátedra en los currículos formales de las instituciones educativas sobre la existencia histórica de prácticas violatorias de los derechos humanos por la fuerza de inteligencia del Estado Colombiano. 
• Crear un programa o serie de televisión que refleje la existencia de prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, que permita sensibilizar y generar cambios sobre la necesidad de proscribir dichas prácticas en la sociedad. 

Sobre los archivos de derechos humanos y acceso a la información: 

• Promover el acceso a los archivos de convenios de seguridad entre empresas y sectores de la fuerza pública, con el fin de establecer si hubo conocimiento de violaciones a los derechos humanos de líderes sindicales, sociales y/o trabajadores organizados. 
• Tener acceso irrestricto a todo archivo o documentación de inteligencia del Estado, sin que se le pueda objetar reserva legal o de otra índole. 
• Declarar los archivos del Batallón de Inteligencia y Contra Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano y de la XX Brigada, DAS y otros cuerpos de inteligencia del Estado como archivos de derechos humanos. 
• Garantizar el derecho a la información a través de la publicidad de los manuales y reglamentos de operaciones militares; de inteligencia y contrainteligencia de combate. 
• Promover la construcción de una memoria histórica no oficial que posibilite narrativas no hegemónicas sobre un futuro político diferente, desde abajo, desde las víctimas y las organizaciones sociales de derechos humanos. 
• Garantizar que las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como los establecimientos educativos públicos y privados del pleno y efectivo cumplimiento al Artículo 14 de la ley 1408 de 2010 -” Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación”-, así como establecer medidas para garantizar la conmemoración de la Semana de los Detenidos Desaparecidos, que se realiza la última semana de mayo cada año y cada día Internacional de los Desaparecidos, el 30 de agosto de cada año.  
• Frente a los procesos de exterminio contra los movimientos sociales y populares, se construirán en los municipios donde se cometieron esos crímenes, monumentos de homenaje a las víctimas. 
• Reestructurar la junta directiva del actual Centro Nacional de Memoria Histórica, de tal manera que tengan participación las víctimas de las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos por los diferentes actores del conflicto, y por las prácticas genocidas del Estado Colombiano. 
• Adoptar una ley que prohíba y sancione las actividades de negacionismo respecto de las graves violaciones de derechos humanos. 

Con base en el reconocimiento de la naturaleza estatal del paramilitarismo, el documento propone a la CEV que recomiende al Estado: 

•  Reconocer públicamente su responsabilidad en el accionar del paramilitarismo, su génesis y consolidación como instrumento para la perpetración de genocidio hacia el movimiento social y popular, ligado a una estrategia de control social, político y económico de los territorios. 
• Avanzar en la reglamentación del Acto Legislativo 05 de 2017 que busca asegurar el monopolio de uso de las armas por parte del Estado y prohibir la promoción, creación y otras actividades relacionadas con grupos civiles armados con fines ilegales que incluyan a las denominadas autodefensas paramilitares. 
• Prohibir constitucionalmente la conformación, apoyo y financiación de grupos paramilitares por parte del Estado y empresas nacionales o transnacionales. 
• Hacer un seguimiento a la evolución del fenómeno de parapolítica, el cumplimiento de las sanciones de los condenados, e indagar sobre los cargos y/o roles que están ocupando actualmente quienes fueron sindicados, pero no sancionados. 
• A instancias de la subcomisión de alto nivel de garantías de no repetición se creará con participación, una comisión que entre otras funciones supervisará la transparencia y el control de gastos reservados, o sistemas de ofrecimientos de recompensas propios del Ejército Nacional. 
• Determinar la responsabilidad extraterritorial de países como Estados Unidos e Israel en la conformación, financiamiento y funcionamiento de grupos paramilitares en Colombia. 

En cuanto al modelo político, la democracia restringida y la limitación a la participación política: 

• Eliminar de los discursos públicos y cualquier asociación discursiva entre los procesos ciudadanos y organizativos y los grupos insurgentes. Dado que estos tienen el propósito de estigmatizar, desprestigiar y deslegitimar, además de crear un entorno propicio para la comisión de crímenes atroces contra la lucha social. 
• Impulsar acciones afirmativas que garanticen la participación en los diferentes escenarios políticos y sociales de las mujeres, reconociendo su situación, contexto y particularidades, valorando un reconocimiento a los aportes como sujetos políticos en la vida pública y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Tal y como lo señala el Acuerdo Final de Paz. Del mismo modo con todos los sujetos de especial protección constitucional en política, para garantizar la participación de las víctimas y poblaciones en zonas afectadas por el conflicto armado. 
• Creación de escuelas, colegios y universidades de atención gratuita que permitan la formación de los nuevos líderes de organizaciones sociales, resguardos indígenas, consejos comunitarios afrocolombianos, partidos políticos de oposición, en general, la de la comunidad. 
• Eliminar los métodos de represión violenta, tanto directa como discursiva y psicológica hacia procesos de movilización. 
• Promover la construcción participativa, amplia y plural de una ley estatutaria conforme a los estándares internacionales del derecho a la protesta, así como los protocolos de intervención a la Policía en el marco de la misma cumpliendo con las recomendaciones de órganos internacionales. Estos deben responder a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. 
• Promover el estándar interamericano, según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar aclaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones, en especial jóvenes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTIQ+ y personas defensoras de derechos humanos (CIDH,2021) 
• Crear un mecanismo permanente de diálogo en la estructura del Estado, conformado por negociadores entrenados en mediación de conflictos y que tengan la capacidad necesaria para avanzar en este proceso, de forma transparente y voluntaria. 
• Separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. Desmilitarizar su doctrina y fortalecer su carácter civil. 
• Crear al interior de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General una unidad especial de investigación, juzgamiento y sanción de los actos de violencia policial en el marco de las protestas sociales. 
• Suprimir la emisora de radio de la Policía Nacional. 
• Adoptar una ley de ascensos y promociones de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que no se le otorguen a quienes violen los derechos humanos. 
• Reconocer y transformar el papel de los grandes medios de comunicación en la producción de discursos de deslegitimación y promover la eliminación de la censura de los medios y periodistas independientes, así como la libertad de prensa. 

En cuanto al modelo económico: 

• Diseñar e implementar planes y proyectos tendientes a reparar el daño ambiental que ha dejado el accionar de las empresas extractivas en los territorios. 
• Diseñar e implementar mecanismos para evitar la acumulación de tierras, mediante la creación de un nuevo esquema tributario que contemple gravámenes al latifundio y a la propiedad improductiva. 
• Exigir a los Estados de origen de empresas multinacionales comprometidas con graves violaciones a los derechos humanos, en busca de la reparación de las víctimas. 
• Recomendar al legislativo la regulación de la Responsabilidad Social Empresarial diferenciándose de la ética empresarial. 
• Promover el avance en la investigación sobre las 15 391 compulsas de copias a las Fiscalía, producidas en el marco del procedimiento de Justicia y Paz contra empresarios y terceros civiles por sus alianzas en el accionar de estructuras paramilitares en el despojo de tierras. 
• Impulsar los mecanismos de identificación y judicialización de terceros empresarios en la adquisición ilegal de tierras. 
• Recomendar la anulación de concesiones de explotación de recursos en territorios indígenas o pueblos afrocolombianos realizadas sin consulta previa. 
• Revocar la licencia de operación a empresas a las que se les haya probado su responsabilidad en hechos de despojo de tierras. 
• Revisar y ajustar los convenios de cooperación entre empresas, Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación. 
• Promover la reforma rural integral y el campesinado como sujetos de derechos, derogando los Tratados de Libre Comercio y acuerdos comerciales que afectan la economía nacional y dando garantías a una justicia económica para el sector agrario. 

Las organizaciones recomiendan en relación con la difusión del informe final de la CEV: 

• Incluir en el informe final de la Comisión el plan de socialización del legado, y que su proyección temporal sea a diez años. 
• Lograr que este se pueda traducir en textos escolares de fácil acceso como folletos, cartillas, piezas comunicativas y audiovisuales. También en un material lúdico-pedagógico para el abordaje de las temáticas planteadas. 
• Promover la formación a formadores en temas de paz. 
• Promover una reforma educativa que logre incorporar en el pensum asignaturas y cátedras sobre la historia del conflicto, memoria y derechos humanos. 
• Desarrollar una estrategia de difusión de los contenidos con enfoque diferencial, territorial, étnico y de género, especialmente que sean traducidas a las lenguas de los pueblos indígenas.