Tras las múltiples manifestaciones y protestas presentadas en diferentes centros carcelarios a nivel nacional, donde se exigían garantías de salubridad para las personas privadas de la libertad frente a la pandemia COVID - 19, la ministra de justicia Margarita Cabello decretó el estado de emergencia carcelaria con el fin de efectuar medidas de urgencia tales como la excarcelación de madres gestantes, mayores de 60 años, o con enfermedades crónicas. Sin embargo, a la fecha no se han implementado medidas suficientes de prevención, contingencia y atención para el conjunto de las personas privadas de la libertad, particularmente hacia las mujeres.

Los problemas estructurales del sistema nacional penitenciario tales como hacinamiento y las graves condiciones de infraestructura de las cárceles afectan el conjunto de penales sin distinción de género, sin embargo existen características y condiciones diferenciales en cárceles femeninas que requieren mayor atención, por ejemplo la declaratoria de aislamiento preventivo obligatorio afecta directamente el suministro de aseo personal, particularmente para mujeres, tales como toallas higiénicas y tampones. Por otra parte, se ha evidenciado la agudización de problemas con relación a la salud física y mental en mujeres gestantes y lactantes, que han manifestado síntomas de depresión y ansiedad producto de la preocupación e incertidumbre en torno a las medidas tomadas por el gobierno con respecto a la crisis, y la definición de distanciar abruptamente a los niños/as menores de 3 años de sus madres, sin haber contemplado medidas alternas. La respuesta del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC ha sido reprimir por medio del uso excesivo de la fuerza, señalamientos y retaliaciones personales a quienes han participado de los cacerolazos, por ejemplo en la cárcel Buen Pastor de Bogotá la gran reducción de la ración diaria en las comidas.

Por otra parte, si bien el día 14 de abril se dio a conocer el decreto 546 de 2020, es necesaria su rápida implementación con el fin de salvaguardar la vida e integridad del conjunto de privados de la libertad. En este, se evidencia una exclusión de delitos asociados a las drogas, donde el encarcelamiento de mujeres por estos delitos ha aumentado considerablemente en el marco de la “guerra contra las drogas” implementado en el país, donde la mayoría de mujeres asociadas a este tipo de delitos presentan condiciones de vulnerabilidad tales como bajos niveles de escolarización, ser madres cabeza de hogar sin empleos estables y altos niveles de pobreza. Es menester implementar una perspectiva de género en la política criminal que permita avanzar en la adopción de medidas alternativas y efectivas en función de la pena, siendo este un debate tanto jurídico como político.

Con la llegada del COVID – 19 a varias cárceles del país que ha dejado víctimas fatales, y la demora por parte del gobierno sobre la promulgación del decreto, personas privadas de la libertad en múltiples cárceles a nivel nacional, han puesto en marcha una huelga de hambre indefinida con el fin de que el gobierno finalmente atienda sus peticiones y se garantice el derecho a la vida e integridad. Teniendo en cuenta que las situaciones de vulneración de derechos y riesgo de contagio persisten a pesar del decreto recientemente expedido, es menester que desde el Ministerio de Justicia se promulgue una agilización en la implementación de las medidas.