El 13 de septiembre de 2018, por primera vez un comandante del Ejército compareció ante un tribunal en relación con los casos de asesinatos de civiles dados por muertos en combate o mal llamados falsos positivos.

Aunque no se trataba propiamente de una investigación penal o un juicio, la presentación del General Mario Montoya para firmar el acta de compromiso ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, ocupó la atención de los medios por el significado que tenía este hecho en la búsqueda de la verdad y la justicia ante estos crímenes.

A partir de entonces, una coalición de once organizaciones defensoras de derechos humanos de Colombia que históricamente hemos representado víctimas de crímenes de Estado ante la justicia ordinaria, lanzamos la campaña por la verdad, una iniciativa que busca hacer seguimiento a la comparecencia de militares ante la JEP, para presentar informes conjuntos sobre los hechos de los que hemos conocido y para generar el debate público sobre la verdad de los crímenes cometidos con participación de agentes estatales o en complicidad con grupos paramilitares en el contexto del conflicto armado, los más extendidos y los menos reconocidos por la opinión pública.(1)

La JEP ha iniciado sus labores en el panorama adverso del nuevo gobierno que pretende desconocer el Acuerdo Final de Paz y todos los mecanismos derivados del mismo. Paralelamente, 1.398 militares se han acogido a esta instancia buscando los beneficios que ofrece, tanto de libertades anticipadas y revisión de sentencias como de penas menores que se derivarían de su juzgamiento.

No obstante, quienes se han acogido al mecanismo y en particular los generales de mayor rango, han insistido en negar su responsabilidad enviando un mensaje contradictorio a la opinión pública sobre su participación y su voluntad de contribuir con la verdad en los hechos que se les imputan, generando episodios de revictimización en las audiencias realizadas.

Para contrastar esta actitud asumida por el alto mando involucrado en estos casos, las organizaciones que hemos estado trabajando de la mano para tejer el relato completo y amplio de la criminalidad estatal en Colombia, presentado ante la JEP informes sobre macro casos o casos que abarcan varios procesos judiciales relacionados con una misma región, alto mando o unidad militar.

Paralelamente a estas acciones, hemos desarrollado acciones coordinadas de difusión, previas y durante las audiencias, con el fin de privilegiar la voz de las víctimas, informar y contribuir a generar reconocimiento y rechazo social frente a existencia de una criminalidad de Estado.

Hasta el momento hemos dado a conocer cuatro informes conjuntos sobre la responsabilidad de altos mandos militares como los generales Mario Montoya Uribe, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Adolfo León Hernández Martínez, Nicacio Martínez Espinel y Juan Carlos Barrera Jurado. Los informes también están dirigidos a los demás mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y Garantías de no Repetición -Sivjrnr, en busca de que la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, también contribuyan a garantizar los derechos de las víctimas.

Estos informes conjuntos son:

• Qué futuro nos espera: Informe ejecutivo sobre responsabilidad del Brigadier General Adolfo León Hernández Martínez y la Plana Mayor del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” para el periodo diciembre de 2007- junio de 2009.
• Ni descuidos ni manzanas podridas: Informe sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2003 y 2008, en las Brigadas IV y XIV del Ejército, en Antioquia
• Y volveremos a cantar con los aires de la paz y el anhelo de justicia: Informe sobre asesinatos de civiles en la I División del Ejército entre 2002 y 2008 en el Caribe colombiano

También hemos propendido por la participación de las víctimas en todas las etapas del proceso ante la justicia transicional empezando por las versiones voluntarias que ya han empezado a rendir soldados y suboficiales. Fue así como logramos que se resolviera en favor de las víctimas un recurso que buscaba esta participación que ya ha empezado a hacerse efectiva.

Dentro de su mandato de justicia transicional la JEP también decretó medidas cautelares frente a los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, y creó una mesa interinstitucional para trazar las políticas de conservación y uso de los mismos para reconstruir la verdad histórica de los casos que involucran a esta entidad. Al respecto, también realizamos una intervención ante la JEP y un conversatorio sobre la importancia de declararlos como archivos de derechos humanos y evitar así que se alegue la reserva para conocer la verdad que guardan.

La campaña por la verdad seguirá presentando informes a la JEP, la UBPD Y la CEV y generando debates sobre los derechos de las víctimas en la justicia transicional como una contribución a establecer quienes fueron los responsables de crímenes que comprometen a agentes estatales para que hechos como estos no se olviden y no se repitan nunca más.

1. Un total de 94.754 muertes en el contexto del conflicto armado son atribuidas a los paramilitares, 35.683 a la guerrilla y 9.804 a agentes del Estado, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, organismo estatal