Las víctimas y las 53 organizaciones abajo firmantes, alertamos a la comunidad nacional e internacional, el apoyo que integrantes del Congreso de la República y partidos políticos han otorgado al proyecto de acto legislativo que crea secciones y salas especiales para los miembros de la Fuerza Pública en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Hacemos un llamado a la comisión de concertación creada el día de hoy en el Congreso, para que desista de llegar a acuerdos políticos que van en contravía de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.

La iniciativa de reforma constitucional, radicada por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, va en contravía de los derechos de las víctimas del conflicto armado, del deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, así como de los compromisos internacionales del Estado Colombiano, poniendo en riesgo la justicia transicional y promoviendo la impunidad de las conductas cometidas por los integrantes de la fuerza pública.

Uno de los principios que regiría el funcionamiento de las dependencias que pretende crear el mencionado proyecto, de acuerdo con el mismo, sería el de la honra y el buen nombre. “Se garantizará el derecho de defender la honra, y por lo tanto los beneficios del sistema incluyendo la libertad no estarán condicionados a la confesión o reconocimiento de la responsabilidad”. El otorgamiento de estos beneficios a los agentes del estado afecta el derecho a la verdad y la justicia de miles de víctimas y de la sociedad en general, y generan una figura de auto amnistía prohibida por el derecho internacional.

Además, en el proyecto se plantea que los magistrados deberán acreditar conocimiento en reglas operacionales, lo cual generaría una tergiversación del DIH. Ya se ha intentado en otros proyectos de ley, invocar el derecho operacional para incluir figuras como “blanco legítimo” o “daño colateral” excluyentes de responsabilidad penal.

De llegar a ser aprobada la reforma constitucional propuesta, los miembros de la fuerza pública, investigados, acusados y condenados por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho humanitario, podrían eludir la acción de la justicia y quedar en la impunidad.

La sociedad en general y en especial las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH cometidos por integrantes de la fuerza pública, tenemos derecho legítimo a la justicia en la JEP, mediante procedimientos que cumplan las normas internacionales para la lucha contra la impunidad.

Cabe recordar que el artículo transitorio 17 del Acto Legislativo 01 de 2017 contempla un tratamiento diferenciado para agentes del estado otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. Por esta razón, no es justificable la creación de una nueva sala bajo normas que irían en contravía de los derechos de las víctimas de los agentes del Estado.

La aprobación de esta reforma sería un indicativo claro de la falta de compromiso del gobierno con los derechos humanos, constituiría un pacto de impunidad con los integrantes de la fuerza pública y haría trizas la justicia transicional.

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