Un año de inconformidad
Noticias / Comunidades / Defensa de libertades / Construcción de paz
Así le fue a la protesta social durante el primer año del Gobierno de Iván Duque
El Presidente Iván Duque cumplió un año de mandato el pasado 7 de agosto de 2019. Durante los primeros 365 días de su gobierno se evidenció una tendencia al alza en la movilización social. Estudiantes, indígenas, campesinos, transportadores, entre otros sectores, se han movilizado a través de paros y movilizaciones para exigir garantía de sus derechos.
El presente informe elaborado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas, presenta las principales agresiones a la protesta social durante el primer año del mandato del Presidente Iván Duque, periodo que coincide con el primer año en funcionamiento del Protocolo de Protesta Social (Resolución 1190).
El ejercicio al derecho de reunión y asociación durante este año se ha visto afectado por un incremento de una narrativa estigmatizante de la protesta social por parte del Gobierno Nacional. Durante este año de mandato, altos funcionarios del gabinete, como lo es el señor Guillermo Botero, actual Ministro de Defensa, ha realizado declaraciones estigmatizantes y descalificadoras hacia el ejercicio de la movilización y las personas que participan en ella. Con frases como: “Los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social. Cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana, detrás de eso siempre están mafias de verdad, mafias supranacionales de diferentes países que lavan el dinero con habilidad y vuelve al país por diferentes vías” ha propiciado un ambiente hostil hacia el ejercicio de la protesta como derecho.
Estas declaraciones han tenido un impacto en la actitud de los agentes de policía destinados a la protección de la protesta, manifestada en mayor violencia institucional y un uso arbitrario de sus facultades.
El Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social ha reportado que durante el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2019 se presentaron 126 agresiones por parte de la fuerza pública a la protesta social. Estas agresiones fueron cometidas por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), la Fuerza Disponible de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Las principales modalidades de agresión fueron la dispersión de la movilización (32%), utilización indebida del armamento (28%), detenciones arbitrarias (10%), uso de armamento no convencional (6%), uso de armas de fuego (5%), tortura (2%) y otros (4%).
El lanzamiento de gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la población manifestante, y la utilización indebida del armamento para el control de multitudes, como bombas aturdidoras, disparo de gases al rostro, entre otras, ha ocasionado que se produzcan en los últimos 365 días de mandato, 246 personas heridas, de las cuales 5 sufrieron graves lesiones en su rostro, ocasionándoles la perdida de uno de sus ojos.
Para garantizar que esta situación de vulneraciones y agresiones a la protesta social no continúen en un Estado que se dice democrático, es primordial que el Gobierno Nacional implemente la Resolución 1190 de 2018 por medio de la cual se adopta el "Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica".
Este Protocolo crea la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica y de los derechos de quienes no participan en ella, un espacio de dialogo entre la institucionalidad y la sociedad civil, el cual puede permitir avanzar en la creación de mecanismos idóneos para garantizar los derechos de quienes deciden salir a las calles a manifestarse. La Mesa de Seguimiento aún no ha sido instalada por el Gobierno Nacional. Cada día que pasa sin la implementación del Protocolo Nacional de Protesta Social se incrementa la agresividad hacia la protesta social y afecta la construcción de una paz estable y duradera.