Mediante auto del  día 11 de Febrero del año en curso, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, decidió que el centro penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar, la Tramacúa no será cerrada.

En el escrito el Magistrado ponente José Antonio Aponte Olivella,  declara que no resulta pertinente la clausura de este centro de reclusión, al considerar que “se ha cumplido en mayor parte las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, en la sentencia T-282 del 2014…”

Sin embargo, los informes presentados tanto por la Defensoría delegada para la política criminal y penitenciaria, como de los detenidos y la Fundación comité de solidaridad con los presos políticos (ONG interviniente en el trámite)  dan cuenta de la grave situación en la que aún se encuentra la población reclusa de este centro, por la falta de acceso continuo al agua, la inasistencia en salud, la grave problemática de salubridad y la continuidad de la práctica de tortura, por lo que preocupa que esta decisión se convierta en la prolongación de una sistemática violación a los derechos humanos.

Aunque la decisión se torna impactante no sorprende, al considerar que fue este mismo tribunal quien negó en primera instancia el cierre del mismo.