Esta decisión se toma con serias inconsistencias de fondo. Entre ellas, que la Fiscalía dijo que los tres trabajadores comandaban un grupo de 300 encapuchados, los cuales, según esta versión, se habrían tomado el campo petrolero; el fiscal había dicho que este campo “tiene el tamaño de 20.000 plazas de Bolívar”. Además, la Fiscalía asevera que los trabajadores habrían hecho un anillo de seguridad para secuestrar a 150 personas en presencia del Esmad.

Entre las contradicciones notorias del Juez, resaltando la versión de la Fiscalía, está aquella que gira en torno a la existencia de secuestro, a la par que dice que los carros y personas entraban y salían de la zona.

Para la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, es bastante grave que la Fiscalía centre su atención en decisiones conducentes a alterar la verdad jurídica, tales como el secuestro agravado,  el concierto para delinquir, amenazas, violación al derecho al trabajo y obstrucción a vías públicas. Para el Comité estas acciones se constituyen en un auténtico “descalabro jurídico”.

Es necesario agregar que el juez no actuó con ponderación y que no impidió la privación de la libertad de los tres trabajadores, -quienes fueron llevados a la Cárcel La Picota- aun reconociendo las contradicciones y asegurando que él no los estaba condenando y “que más adelante puede pedir la revocatoria de la medida”.

La FCSPP se solidariza con estos tres trabajadores y expresa su profunda preocupación por la persecución de la que son objeto los sindicalistas de la USO, en razón de sus justas reivindicaciones y por denunciar las arbitrariedades y graves afrentas por parte de Pacific Rubiales en Puerto Gaitán, Meta.

Continúa oleada de detenciones de líderes sindicales en Colombia

La UNION SINDICAL OBRERA –USO- denuncia la detención, el día de hoy, de los compañeros CAMPO ELIAS ORTIZ, HÈCTOR SANCHEZ y JOSE DILIO NARANJO, trabajadores y lideres sindicales del Departamento del Meta, fueron privados de su libertad por las protestas obreras de 2011 y 2012 en el municipio de Puerto Gaitán y quienes laboraron en empresas contratisas de la multinacional PACIFIC RUBIALES.

La detención fue ordenada por la fiscalia 239 seccional Seccional de la Unidad de Libertad Individual, bajo las gravess acusaciones de secuestro agravado, obstrucción de vías, amenazas y violación al derecho al trabajo; seguramente aplicando el tenebroso “Estatuto de seguridad Ciudadana” que abre paso a una nueva etapa de judicialización del derecho de asociación y la protesta social. 

Estas detenciones se vienen a sumar a la detención del compañero DARIO CARDENAS, Vice- presidente de la USO Seccional Meta,semanas atrás; y a las centenares de detenciones de los campesinos de todo el país que se movilizaron clamando por sus derechos. La judicialización se ha extendido a defensores de derechos humanos como el compañero DAVID RAVELO y dirigentes como HUBER BALLESTEROS miembro ejecutivo del la CUT y de Fensuagro. 

Se ha anunciado el riesgo de nuevas detenciones a dirigentes de la USO, con lo cual se evidencia una vez más que el Estado y particularmente la Fiscalía General de la Nación están al servicio de las Empresas Transnacionales en desarrollo de la llamada “confianza inversionista”, lo que significa pisotear los derechos de los trabajadores, el derecho de asociación y las libertades sindicales para garantizar el saqueo de nuestros recursos naturales y las vulneraciones aberrantes al medio ambiente. 

La gran paradoja, que debe conocer el país y la comunidad internacional, es que mientras el sistema judicial debía estar investigando a la PACIF RUBIALES y las empresas contratistas que la rodean por las graves violaciones de los derechos de los trabajadores, hacen todo lo contrario, en una actitud vergonzosa de sometimiento al capital transnacional, en contravía del interés nacional. 

Mientras el gobierno autoritario de Santos y el Fiscal Montealegre presumen de estar favoreciendo la paz con la insurgencia, al mismo tiempo desatan la más feroz persecución contra el movimiento sindical y establecen un ambiente de terror generalizado en el mundo laboral.

Exigimos no solamente la libertad inmediata de los compañeros detenidos, sino el cese de la persecución del Estado contra los trabajadores petroleros y contra el movimiento social en el país, el reconocimiento a las libertades sindicales y los derechos de los trabajadores, la soberanía de la justicia colombiana frente a los intereses transnacionales y la derogatoria del “Estatuto de seguridad Ciudadana” y demás normas arbitrarias que judicializan la movilización social y pisotean los derechos de los trabajadores, configurando una dictadura civil en el país.