En Colombia la tortura y otros malos tratos se practican de manera sistemática y generalizada, situación que se agrava en el contexto del conflicto armado.

La Coalición Colombiana contra la Tortura (CCCT)[1] presentó el Informe Alterno al Comité contra la Tortura 2009-2014 en el que se evidencia la persistencia de estos crímenes en el país. El propósito del informe es brindar elementos al CAT desde la sociedad civil para el momento de la evaluación a Colombia sobre el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Convención.

Este Informe Alterno incluye los patrones de tortura identificados en el contexto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado y protestas sociales en el país. También se abordan temas como los ataques con ácido como una amenaza creciente para las mujeres,  y los actos de tortura en contra de grupos poblacionales vulnerables como las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad, personas LGBTI, personas en condición de discapacidad y defensores y defensoras de derechos humanos.

Una delegación de  las organizaciones integrantes de la CCCT ha expuesto hoy ante el CAT la situación de tortura en el país, destacando las profundas afectaciones psicosociales a las víctimas, la práctica recurrente del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales en el marco de la movilización social, el control social en zonas militarizadas, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, la delegación ha planteado los retos para la investigación y sanción de la tortura y otros abusos graves contra los derechos humanos en el marco de un eventual acuerdo de paz.

Esta delegación ha dialogado  con los expertos del CAT con el fin que las principales preocupaciones y recomendaciones contenidas en el Informe sean incluidas en las conclusiones del examen a Colombia, que se harán públicas el 15 de mayo de 2015.

Entre las principales recomendaciones, se incluyen: la tipificación de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención; la aceptación de la competencia del CAT para examinar quejas individuales; la necesidad urgente de ajustar la situación y condiciones carcelarias a los estándares internacionales; y la investigación y sanción de los responsables de los actos de tortura y otros malos tratos con el fin de asegurar que estos hechos no permanezcan en la impunidad.

“Esperamos que las recomendaciones planteadas en el informe alterno sean acogidas por el CAT como una herramienta eficaz para prevenir la práctica sistemática de la tortura en Colombia y poner fin a la impunidad”, destacó una representante de la CCCT.

[1] La Coalición Colombiana Contra la Tortura es un ente interinstitucional que busca potenciar el trabajo de las organizaciones defensoras de DDHH, promoviendo acciones dirigidas a la prevención, protección, recuperación de las víctimas de tortura, y difusión de la situación de la problemática en instancias nacionales e internacionales.