El senador de la república Iván Cepeda Castro y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP solicitan medidas cautelares, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH,  en favor de las personas privadas de la libertad, de 10 centros penitenciarios y carcelarios de Colombia.

Como consecuencia de la adopción de medidas insuficientes y la falta de medidas inmediatas para prevenir el contagio del virus COVID - 19, junto con la vulneración sistemática de derechos humanos en los centros penitenciarios de Colombia, se solicita a la CIDH medidas cautelares a favor de las personas privadas de la libertad de 10 cárceles del país. Dicha solicitud, se hace con la intención de que el Estado colombiano adelante acciones destinadas a garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus vidas e integridad en el marco de la pandemia por COVID-19. 

Tras una documentación de 45  casos de personas privadas de la libertad, las cuales se encuentran en un riesgo inminente por su estado de salud y las condiciones de reclusión en las que se encuentran. Allí se pone en evidencia los altos niveles de hacinamiento, la falta de un servicio continuo de agua potable, el desabastecimiento de elementos de aseo, la precariedad de la atención médica  y la falta de alimentación adecuada, condiciones agravadas por la llegada y contagio confirmado del virus COVID – 19 al interior de los centros penitenciarios.

Según cifras del Ministerio de Justicia, las cuales se recogen en el documento, la población vulnerable y de alto riesgo privada de la libertad asciende a 16,265 personas, distribuidas en adultos mayores de 60 años para un total de 5.272, entre estos, 982 mayores de 70 años; madres gestantes, 88; población con patología mental, 4.468 personas; población con VIH-SIDA 754 personas; población con cáncer, 22 personas; población diabetes mellitus 1.307 y población con hipertensión arterial: 4.354. Por lo que se advierte, que las medidas contempladas en el Decreto 546 de 2020, solo permitirían la detención domiciliaria transitoria de apenas 4.000 personas, una medida insuficiente ante las 39.000 personas privadas de la libertad en sobrecupo.

La solicitud de medidas cautelares hecha por el senador Iván Cepeda y la organización defensora de derechos humanos Comité de Solidaridad con los presos Políticos, eleva 14 peticiones concretas, entre ellas, que se dirija al Estado colombiano para que, ante el riesgo inminente de contagio del COVID-19, adopte todas las medidas cautelares tendientes a garantizar la vida, salud e integridad de las personas privadas de la libertad.

Por tanto, se solicita evaluar  el sistema de exclusiones estipuladas en el artículo 6 del Decreto 546 de 2020, dada su amplitud, en especial aquellos que más impacto tienen sobre el hacinamiento carcelario; y que se adopten medidas tendientes a fortalecer las capacidades operativas del Instituto Nacional Penitenciario Colombiano –INPEC y sus oficinas jurídicas, puesto que  según el Decreto 546 de 2020, serán las encargadas de enviar las cartillas biográficas, cómputos y listados a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas.

Junto con estás, otra de las peticiones que se le hacen a la CIDH, es que se solicite  el suministro de elementos de primera necesidad, higiene y alimentación al interior de los establecimientos carcelarios, pues es fundamental para evitar la propagación del virus y atender, de manera satisfactoria e ideal, los casos ya confirmados del CIVD – 19 al interior de los centros de reclusión. Así como la dotación permanente de elementos de bioseguridad para el personal penitenciario. Además, que se habiliten canales de comunicación, que permitan que las personas privadas de la libertad estén en un contacto constante con sus familiares.

Finalmente, se solicita, de manera primordial y urgente,  que se le requiera al Estado Colombiano que establezca una mesa o sesiones de trabajo virtual a nivel nacional con las personas privadas de la libertad, con el objetivo de evitar protestas en diversas cárceles, mejorar la comunicación con los privados de la libertad, mitigar la ansiedad, la desinformación y el miedo.