Solicitamos se establezcan medidas de prevención para la contención y manejo eficaz del COVID-19
Noticias / Cárceles / La voz de los presos / Presos políticos
Foto: La W Radio.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, advierte la grave situación de salubridad que se está presentando en las cárceles de Colombia, esto sumado a la falta de aplicación de protocolos por parte de los funcionarios del INPEC, frente a las medidas de prevención, ante el COVID – 19, que deberían asumir en todos los establecimientos penitenciarios.
Hoy, 17 de marzo de 2020, se tramitó una solicitud de intervención inmediata a favor de los derechos de los detenidos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Acacias – EPMSC Acacias, debido a que no se están cumpliendo los protocolos, por parte de los funcionarios del INPEC, para mitigar la curva de propagación del COVID – 19. Por medio de una llamada telefónica, los detenidos del EPMSC Acacias, nos comunicaron que los funcionarios del INPEC, los del rancho, y los funcionarios del área de sanidad están saliendo y entrando libremente al penal, sin ninguna clase de prevención o protección. Junto con esto, denuncian que hay varios casos de internos que salen a remisiones por diversos casos de enfermedad, y con ellos no se ha tomado ninguna medida de prevención, ni a la salida ni a la entrada del establecimiento, como el lavado y desinfección de manos y el uso de tapabocas.
Si bien, se han adoptado medidas como la suspensión de las visitas desde el 12 de marzo del presente año, estás medidas adoptadas chocan con la realidad insalvable de las cárceles colombianas. En especial por el suministro de agua potable al interior del establecimiento, el cual luego de la activación de las medidas preventivas, se ha visto restringido en su suministro. Antes de la activación tenían un suministro de 15 minutos 3 veces al día; actualmente están recibiendo sólo 5 minutos 3 veces al día, teniendo días en que se reduce a dos veces. Situación que genera grave preocupación debido a que se evidencia la profunda precariedad en el suministro de servicios públicos, vulnerando los derechos fundamentales de los más de 3000 presos allí recluidos.
Frente a esto se recuerda que La Corte Constitucional en su sentencia T-208 del 2018, le ordenó al Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC- ponerle punto final a los horarios para el suministro de agua en las cárceles. El alto Tribunal determinó que esto representa una vulneración a los derechos fundamentales y tratándose de personas privadas de la libertad, se debe ser sensible a las condiciones especiales de vulnerabilidad, exclusión, marginalidad y precariedad en las que se encuentran este grupo de individuos. Se trata de una población especialmente protegida que enfrenta una situación dramática y de permanente vulneración de sus garantías fundamentales cuya protección es urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes.
Esta precariedad en el suministro de agua junto con las medidas tomadas por la actual alerta nacional y mundial por el COVID-19, representa una negligencia de las autoridades estatales y penitenciarias para con la población privada de la libertad.
A los hechos anteriormente narrados, se suman las denuncias por parte de las personas privadas de la libertad, en la cárcel la Picota de Bogotá, quienes mediante un video pusieron en evidencia que las medidas de aislamiento, como medida de protección por COVID – 19, se están incumpliendo, esto para privilegiar a presos de alto perfil del establecimiento. Así mismo, denuncian que la guardia del INPEC no está aplicando los protocolos establecidos. Por esta razón, los internos se declaran en desobediencia pacífica, exigiendo que se les garantice el cumplimiento de los protocolos al interior del establecimiento, y se tomen las medidas necesarias para que todo el personal externo (administrativo, guardianes, etc.) acate los mismos, y así evitar una emergencia sanitaria.
Desde la cárcel de mujeres el Buen Pastor, denuncian la precaria implementación de medidas preventivas para el COVID-19. Las detenidas exponen, que si bien se ha cumplido con la suspensión de visitas externas al establecimiento, la guardia y el personal penitenciario siguen ingresando y saliendo sin controles sanitarios. Además, las internas denuncian que están restringiendo el ingreso de elementos de aseo como gel antibacterial desde hace unos días, y que ha empeorado el suministro de alimentación a los patios.
En la ciudad de Medellín, por su parte, los detenidos del establecimiento penitenciario Bellavista, denuncian que la dirección del Penal y el Comandante de Vigilancia, están haciendo caso omiso a la orden nacional de no permitir el ingreso de personas al interior de los penales, pues observan que ingresan uniformados y civiles al interior sin ningún tipo de control. Adicionalmente, la guardia del INPEC ingresa a realizar sus labores, sin ningún tipo de precaución, y esto genera que no se prevengan los brotes de enfermedades dentro de Bellavista. Finalmente, denuncian que los alimentos ingresan sin ningún tipo de gestiones de prevención en temas de higiene.
Por otro lado, las personas privadas de la libertad en la cárcel de Alta y Mediana seguridad de Palogordo y las reclusas de la cárcel femenina de Chimitá, denuncian que los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional, referentes a las medidas de prevención y protección para mitigar el avance del COVID - 19, están siendo incumplidos en las cárceles de Santander. Además, que no cuentan con los implementos básicos de aseo e higiene personal, tales como jabón, gel antibacterial, tapabocas, entre otros. Finalmente, denuncian la falta del servicio de agua potable en toda la penitenciaria.
Las situaciones anteriormente expuestas, ponen en especial condición de vulnerabilidad a las personas recluidas en las estructuras carcelarias del país, debido a que no está en sus manos el control sanitario de un posible contagio, sino es responsabilidad del personal penitenciario.
Por tanto, solicitamos al MINISTERIO DE SALUD, al MINISTERIO DEL INTERIOR, al INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC, a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, a la SUBDIRECCIÓN DE SALUD DEL INPEC y las demás autoridades penitenciarias pertinentes se refuercen, de manera inmediata, la planta del personal sanitario dentro de los establecimientos. También, que se active un suministro constante de agua potable, y que se establezcan medidas de prevención para la contención y manejo eficaz del COVID-19 para los internos, y los funcionarios del sistema penitenciario, referente a protocolos de trabajo interno y protocolos de salubridad pertinentes, esto con el fin de garantizar la higiene y salubridad de las cárceles y centro penitenciarios.