La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PCDHDD, expresan su complacencia por la decisión del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de llevar a cabo un cese unilateral de hostilidades durante el mes de abril, con miras a facilitar la atención humanitaria ante la situación de crisis originada por la pandemia del coronavirus.

Saludamos con esperanza este gesto, al igual que el de la designación de los ex militantes del ELN Francisco Galán y Carlos Velandia como gestores de paz por parte del Gobierno Nacional. Y atendiendo a la importancia que ha tenido la gestoría de paz surgida de la mesa de diálogo, exhortamos al gobierno hacer esta misma designación a Juan Carlos Cuellar quien ha tenido un rol muy importante en lo avanzado del proceso de diálogo. Esperamos que estas declaraciones, contribuyan a la reactivación de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y el ELN retomando los avances alcanzados en el proceso de la Habana.

El cese de hostilidades y acciones bélicas solicitado por distintos sectores de la sociedad civil, la comunidad internacional y el Secretario General de las Naciones Unidas, con miras a aliviar la situación humanitaria ocasionada por la expansión del Covid19, debe implicar así mismo la suspensión de la ofensiva en la denominada “guerra contra las drogas” en contra de comunidades campesinas y cultivadores, que en medio de la emergencia se han visto acosadas por acciones de erradicación forzada con glifosato, mientras siguen llamando a acciones y programas centrados en su inclusión y cumplimiento de planes de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito.

Una vez más, la CCEEU y la PCDHDD, hacen un llamado al Gobierno Nacional a impedir y detener la ola de asesinatos de líderes(as) sociales y personas que defienden los derechos humanos, y a contener las fuerzas detrás de estos planes criminales, en especial reactivando el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y poniendo en marcha sus mandatos para el desmantelamiento de las estructuras criminales y paramilitares, funciones que por ley deben ser coordinadas y ejecutadas bajo la dirección del presidente de la República.