Las organizaciones manifiestan en la Carta su preocupación sobre la constatación hecha por ellas y con base en la misión de la FIDH realizada a Colombia entre el 12 y el 19 de mayo de 2017, de que la retirada de las FARC, se ha visto acompañada por la reconfiguración y expansión de grupos armados que buscan llenar el vacío dejado por las FARC con el objetivo de tomar el control del territorio y de la población para continuar o establecer actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y obtener la propiedad de la tierra. Se trata principalmente de grupos paramilitares, del crimen organizado, y de disidentes de las FARC y el ELN, los cuales cuentan con una capacidad significativa de reclutamiento y dirigen sus ataques principalmente hacia líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de las FARC en proceso de reincorporación. Este fenómeno es la principal causa del incremento de los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

El Acuerdo de Paz [2] logrado entre el Gobierno de Colombia y las FARC a partir de noviembre de 2016 puede ser considerado histórico por las repercusiones positivas que trae para Colombia al poner fin a un periodo de más de 50 años de conflicto armado interno, sin embargo, requiere que ciertas condiciones sean establecidas para garantizar su cumplimiento e impedir la expansión de otras formas de violencia.

En ese sentido resulta fundamental la futura misión política de verificación impulsadas por Naciones Unidas [3]. Esta tiene como uno de sus 2 ejes de trabajo las “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, condiciones esenciales para el éxito de la ejecución del Acuerdo y la construcción de una paz duradera.

Dentro de las recomendaciones los firmantes sugieren en particular incorporar en la Misión de la ONU a especialistas en investigación criminal sobre crímenes relacionados con la llamada “limpieza social” cometidos por grupos armados ilegales.

Los firmantes también recuerdan que el acuerdo prevé la lucha contra las redes de apoyo de estos grupos y que es necesario desmantelar y perseguir, cuando sea preciso, aquellas entidades o terceros que prestan apoyo a estos grupos, así como a aquellas autoridades locales que sean cómplices o que hayan sido cooptadas por ellos.

A tal efecto, la Misión debería proporcionar expertos sobre esos temas, incluida una dimensión sobre el desarrollo de la independencia del Poder Judicial, y la lucha contra la corrupción y la intimidación de actores estatales por parte de grupos delictivos, así como dar especial atención a los casos de asesinatos cometidos contra defensores de derechos humanos, líderes sociales.

Notas:

[1] El 26 de septiembre de 2017 iniciará sus labores la segunda Misión de Verificación, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2366 (2017) del Consejo de Seguridad

[2] Mesa de Dialogo. Final Agreement to End Conflict and Build Stable and Lasting Peace. 24 November 2016. Accessed 24 March 2017 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf. Item 6.3.3, p. 213.

[3] La primera Misión de Investigación fue aprobada por la Resolución 2261(2016), finalizando su vigencia el 25 de septiembre. A partir del 26 de septiembre de 2017 iniciará sus labores una nueva Misión de Verificación, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2366 (2017) del Consejo de Seguridad