Privados de la libertad denuncian vulneraciones a sus derechos fundamentales
Denuncias / Cárceles / La voz de los presos
Por: Movimiento Nacional Carcelario
Los prisioneros políticos en la penitenciaría de Palogordo Girón, Santander, comunicamos a la opinión pública nacional e internacional las acciones degradantes y vulneradoras de nuestros derechos por parte de las autoridades carcelarias y del gobierno nacional quienes bajo la figura de la emergencia penitenciaria y carcelaria decretada a raíz de la pandemia del covid - 19, nos mantienen sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes y a tortura psicológica.
Lo que inicialmente se planteaba como aislamiento preventivo para garantizar la vida, la integridad y la dignidad de las personas privadas de la libertad ha sido el pretexto para reprimirnos con severidad, toda vez que el fin esencial no se cumple. Más por el contrario, ha dejado como resultado el retroceso de los derechos fundamentales como la dignidad, la integridad, la vida, la unidad familiar, entre otros que se ven seriamente restringidos, más allá de los límites del Estado social de derecho.
A continuación, enunciados las modalidades en las que se aplican las restricciones arbitrarias en nuestros derechos:
Partimos por el derecho fundamental al debido proceso, gravemente afectado por la ausencia de las garantías para la defensa técnica; la imposibilidad de la recolección de información en campo por parte de los peritos e investigadores; la privacidad que subsiste en el desarrollo del proceso; el acceso oportuno a la justicia; son circunstancias que imposibilitan el diseño de una estrategia de defensa como respuesta al ente acusador, la Fiscalía General de la Nación.
Una de las restricciones más severas se impone a nuestro derecho fundamental a la familia, (Artículos 5, 12 de la C. N.). materializada en la suspensión total de visitas sin la posibilidad de acceder a medios alternativos eficientes de comunicación desde el 13 de marzo de 2020, desde entonces advertimos la importancia de garantizar el derecho a la comunicación, este ratificado por la oficina de Naciones Unidas a través de su comunicado 066 de 2020, pretensión reiterada en las jornadas de desobediencia pacífica en el mes de abril. Desafortunadamente nuestro pliego de Peticiones no ha sido atendido y el resultado es el aumento de la ruptura de la unidad familiar, del tejido social, la familia y en el proceso de resocialización. La medida alternativa de visitas virtuales atenta contra nuestros derechos a la dignidad humana, está sujeta a los condicionamientos del INPEC quiénes no garantizan una comunicación eficaz con la unidad familiar y mucho menos la privacidad en el desarrollo de la misma.
En el marco de la emergencia penitenciaria y carcelaria la dirección general del INPEC, la aprovecha para la persecución política de las personas privadas de la libertad que defendemos los derechos humanos en las cárceles y penitenciarias del país, donde continúan los falsos positivos del INPEC, los traslados, las persecuciones, las amenazas contra quienes resistimos con dignidad desde la prisión. Con el pretexto de supuestos planes de fuga fueron masacrados en total indefensión 23 personas privadas de la Libertad en la cárcel Modelo de Bogotá el 21 de Marzo, se han trasladado prisioneros políticos y se han tratado de desestabilizar a otros. Los más recientes hechos se dieron contra un prisionero político torturado por el Comando de mercenarios de Reacción Inmediata (CRI) del INPEC, en la cárcel de máxima seguridad de combita Boyacá. Esto demuestra el trato de enemigo interno como política de Estado, la cobardía y la perfidia con la que tratan a los defensores de Derechos Humanos en las cárceles de Colombia lo que se suman a los asesinatos de los líderes sociales, la penalización de la protesta social con el terrorismo de estado en todo el territorio nacional.
En estos momentos críticos en cárceles y penitenciarías del país se hace urgente la creación de la mesa de concertación con el Movimiento Nacional Carcelario, el Ministerio de Justicia, el INPEC, el Ministerio Público, las Altas Cortes, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a fin de buscar salidas a la crisis humanitaria, sanitaria y social que vulnera de manera sistemática los derechos humanos de las PPL's. Exigimos el cese de toda actividad que atenta contra nuestros derechos fundamentales, solicitamos al ministerio público su acompañamiento y garantías para que cese la persecución a los defensores de derechos humanos por parte del INPEC.
Nuestro saludo y fuerte abrazo solidario a la distancia para las PPL's que hoy combaten en medio de las más difíciles condiciones de cautiverio por la vida contra el COVID-19, nuestras condolencias para los familiares de los presos que han perdido a sus seres queridos abandonados a su suerte en las mazmorras del régimen inconstitucional como lo es el INPEC.
Nuestra solidaridad con el pueblo colombiano que no sólo resiste el COVID-19 sino el narco gobierno de Iván Duque.
¡LOS PRISIONEROS POLÍTICOS NO SOMOS DELINCUENTES, SOMOS TRANSFORMADORES SOCIALES!
20 DE JULIO DE 2020.