Presos Políticos del ELN recluidos en Combita, Boyacá, denuncian graves violaciones a sus Derechos Humanos por parte del grupo de reacción inmediata y del INPEC.
Acciones urgentes / Cárceles
El día de hoy los presos políticos del ELN que se encuentran recluidos en la cárcel de Combita en Boyacá, denunciaron ante el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, los atropellos a los que están siendo sometidos por parte del GRI (Grupo de Reacción Inmediata).
Sobre las 6:00 de la mañana el Grupo de Reacción Inmediata junto con la guardia del INPEC ingresaron al patio 1 donde se encuentra recluidos los presos políticos del ELN, con el fin de requisar retener y trasladar a varios internos que están liderando una huelga de hambre pacífica que completa 23 días.
Durante esta intervención, los presos políticos del ELN, Fredy Buitrago, Vidal Manosalva, Nelson Archila y Francisco Pico, fueron objeto de agresiones, violaciones a sus derechos humanos y conducidos a los calabozos.
“Estos cuatro presos políticos fueron objeto de agresiones físicas, fueron obligados a desnudarse y esperar toda la requisa que debían hacer al patio” informó uno de los internos.
Lo más grave de esta actuación, es la manera arbitraria en la que el GRI y la Guardia del Inpec han amenazado a estos cuatro presos políticos junto con un preso social de ser trasladados a otro centro carcelario.
“El mayor del GRI que está a cargo nos dijo que si seguíamos con esta protesta pacífica iba a sacar a todos los presos políticos y nos conduciría a un calabozo y nos trasladaría de cárcel de ser necesario “Señaló uno de los internos al CSPP.
Cabe recordar que esta huelga de hambre pacifica comenzó desde el 1 de agosto y busca tres cosas fundamentales: recibir una rebaja de pena por la visita el papa, ser escuchados en el Congreso Nacional sobre la situación de todos los internos recluidos en las diferentes cárceles del país y solucionar la crisis de hacinamiento y salubridad.
Por todo lo anteriormente denunciando, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos hace un llamado a los entes de control para que verifiquen esta situación e inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes que permitan identificar y responsabilizar a los funcionarios que están vulnerando los derechos fundamentales de los internos así como evitar el traslado de los mismos.