Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional el neogenocidio contra los movimientos sociales, sindicalistas, organizaciones defensoras DDHH, de profesores, artistas, líderes de junta de acciones comunales etc.

Como presos políticos, nos preocupa que mientras el gobierno de JUAN MANUEL SANTOS CALDERON alardea el fin de la guerra con la guerrilla de la farc ep y adelanta conversaciones con el ejército de liberación nacional; arrecia contra las organizaciones sociales que ejercen oposición de forma civilista y democráticamente, desde el inicio de los diálogos de paz han asesinado 124 líderes pertenecientes a movimientos, marcha patriótica, congreso de los pueblos, líderes de restitución de tierras, organizaciones de abogados, defensores de derechos humanos.

Desde la cárcel expresamos la indignación y dolor que nos produce el asesinato de cada uno de las y los luchadores sociales, así mismo sentimos la muerte de las niñas y niños wayuu en la guajira y la etnia jupas en las serranías del Perijá en donde el estado solo hace presencia con las fuerzas armadas para reprimirlos y jaquear los abundantes recursos que posee sus territorios, ya que entro los departamentos de la guajira y el cesar, las empresas drummund y grupo prodeco han expandido a gran escala la extracción de carbón a cielo abierto, generando alto grado de contaminación ambiental que hoy se ve reflejado en las comunidades más vulnerables. Prueba de este genocidio son los resultados de exámenes médicos que han demostrado en varios niños muertos que ya no solo mueren de hambre sino que los daños neurocerebrales y pulmonares son a causa de las partículas de toxico esparcidas en el oxígeno y el agua. Hacemos un llamado urgente a los gobiernos de los países hermanos para que su solidaridad contribuya al detenimiento de estas prácticas de guerra contra el pueblo de Colombia a los órganos investigativos y judiciales; Con vehemencia la decimos BASTA YA! De impunidad, todos sabemos quién desapareció en el pasado a líderes de a luchar y más de cuatro mil líderes de la unión patriótica, o será que tendremos que sufrir 50 años más de conflicto interno para que el estado reconozca los efectos de la macabra doctrina de seguridad nacional.

Nuestros muertos wayuu y los líderes comunales, ALDEMAR PARRA GARCIA Presidente de asoglen en el altillo del paso y en el cauca OLMEDO PICO perteneciente a marcha patriótica, JOSE JILDER CARTAGENA URSUYA, vicepresidente de la junta de acción comunal de córdoba y todos los anterior sin mencionar hace parte de un plan sistemático de arrasamiento al tejido social por la ultraderecha de este país y la perversa alianza con las multinacionales que continúan callando la voz de todo el que se inconforma por las injusticias.

Apenas de los constantes asesinatos y amenazas, muchos líderes siguen resistiendo, la mayoría recurren a la protección del estado y aun así son asesinados por eso se ven obligados a solicitar medidas preventivas y cautelares a organismos internacionales, algunos de estos casos es la petición a la comisión interamericana de derechos humanos por la abogada defensora de derechos humanos en la etnia wayuu CAROLINA SACHICA y JAVIER ROJA.

Desde el infortunio del encierro en la TRAMACUA o Guantánamo de Colombia, los presos políticos percibimos la PAZ desde las garantías de los derechos y la construcción de políticas reales de bienestar social sin exclusión.