Según testimonios de algunos presos de este complejo, la llegada de Coronel Tapia fue anunciada con bombos y platillos como la solución a la corrupción reinante en este complejo carcelario y el estado de cosas inconstitucionales por la sistemática violación a los derechos humanos.

Sin embargo, dicha solución se convirtió solamente en un discurso más, ya que desde su llegada se acentuaron según los presos las políticas militaristas y guerreristas del Gobierno Nacional para resolver los problemas sociales tales como; represiones, trato denigrante, negligencia médica, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes en todas sus formas y como si fuera poco el uso desproporcionado del poder.

Otras de las denuncias graves que hacen los presos en Cúcuta ha sido la restricción al ingreso de familiares y amigos menores de edad, como si fuera poco el servicio de salud sigue empeorando, pues las pocas citas que se logran programar ante las clínicas y hospitales correspondientes de la ciudad, se pierden por la negligencia del INPEC en el traslado de los pacientes, convirtiéndola en una tortura tanto física como psicológica para los enfermos que urgen ayuda médica.

El servicio de alimentación, se ha deteriorado, la empresa ALMANZA y su camarilla quien es la que tiene el contrato, ha venido abasteciendo con productos de mala calidad a los internos de este centro penitenciario, afectando así, la salud y bienestar de más de 4500 personas.

Pero uno de los problemas más graves según los presos ha sido la llegada del Coronel Ricaute Tapia, ya que a este le fastidia que los presos reclamen sus derechos por escrito, es tanta la desgracia que le ordenó al área Jurídica, en especial al "doctor" Álvaro Andrés Daza Parada que prohibiera recibir tutelas de los presos en contra de la administración.

Los detenidos expresan que: “El coronel está vulnerando de manera irracional nuestros derechos constitucionales, pretendiendo aplicar la ley del silencio atacando la libre expresión y el acceso a la administración de justicia queriendo convertir la cárcel en un territorio sin ley, nos preocupa que mientras venimos denunciando reiterativamente el hacinamiento, la oficina jurídica en cabeza del dragoneante José Rafael Riveros se ha convertido en un muro para obstaculizar que las personas privadas de la libertad podamos acceder a beneficios administrativos y subrogados penales, cuando sabemos todos que esta es la única forma de descongestionar la cárcel”.

Por estas denuncias tan graves que realizan los presos del penitenciario de Cúcuta exigimos a las autoridades pertinentes y a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales a hacer cumplir los derechos humanos de estos presos.