Congreso de la República

Honorables Senadores:

Los internos del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar, La Tramacua, nos dirigimos a ustedes por medio del presente escrito para manifestar nuestro respaldo a los buenos oficios del honorables senador Juan Manuel Corso; quien el 10 de septiembre de los corrientes presentó el proyecto 080 de ley para que se conceda una rebaja de una cuarta parte de la condena a los presos colombianos, como parte de la soluci{on al problema de hacinamiento en las cárceles y penitenciarias.

En enero del 2013 el Ministerio de Justicia y Del Derecho y el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa elaboró un documento: “12 punto para hacerle frente a la crisis del sistema penitenciario”, en dicho documento se elabora una radiográfica de la situación de hacinamiento en las prisiones y del cual se desprende mucho de los males del sistema penitenciario y carcelario: la mala alimentación, las precarias condiciones de salud, la violación de los más elementales derechos fundamentales, los problemas de infraestructura etc. Situación que si bien desde hace ya 15 años era alarmante y que llevó a la misma Corte Suprema de Justicia a decretar el estado de cosas inconstitucionales (Sentencia T-153 del 23 de abril del 1998) hoy la situación es escandalosa pues antes de solucionarse  se ha agravado.

Si bien el documento del Ministerio de Justicia citado anteriormente, se hacen buenos propósitos para mitigar el impacto de la crisis, pensamos que las medidas son insuficientes pues nos hallamos ante un problema estructural que requiere no de paliativos, sino de soluciones de fondo.

La saliente del Ministro de Justicias y Del Derecho, Ruth Stella Correa, presentó el proyecto de ley 256 de 2013 para reformar el código penitenciario y carcelario ley 65 de 1993; proyecto al cual los presos colombianos en audiencia virtual el 15 de mayo de 2013 ante la Cámara de Representantes hicimos varios cuestionamientos, por solo diagnosticar el problema, y quedarse corte en las soluciones. Esperamos que en los debates siguientes se haya mencionado el texto y que el nuevo Ministro de Justicia y Del Derecho, el doctor Alfonso Gómez Méndez, sepa direccionar dicha reforma con el característico talante democrático con que lo hemos conocido.

Somos del convencimiento de que ni la reforma al código penitenciario y carcelario, ni la construcción de más cárceles van a solucionar la crisis carcelaria, pues como bien lo señaló la Corte Constitucional en sentencia T-1990 de 2003 “No es, por tanto, con la construcción de más y más centros de reclusión, sino a través de los mismo con el propósito de permitirle a los reclusos el reintegro a la vida libertad que podrá romperse el circulo vicioso en el que suele moverse la política carcelaria”.

Es claro que la solución a la crisis carcelaria no debe pasar pro alto una revisión de la política criminal del Estado; pues es esta la raíz de la cual se erige el exorbitante crecimiento de la población reclusa, el abandono del derecho garantista y la aplicación del derecho de enemigo con todo lo que implica: incremento desproporcionado de las penas, exclusión de beneficios, trabas para resolver la libertad, privilegio del uso de la privación de la libertad por encima de criterios de justicia restaurativa y retributiva, aunado con el populismo punitivo que distorsiona el avance humanista del derecho. Retrogradándolo a la vindicta de las pasiones exacerbadas por los medios de comunicación sensacionalistas. Debe primar en la mentalidad de nuestros legisladores el espíritu del estado social de derecho, excelsa conquista de la constitución de 1991, tantas veces vilipendiada y atacada por intereses personalistas que prefieren los regímenes totalitarios con las cárceles convertidas en centros de castigo y campos de concentración, al libre juego de la democracia y la inclusión social.

En momento en que nuestra patria busca caminos para superar la violencia y el anacronismo en campos y ciudades no se debe olvidar que las prisiones son el reflejo de los desequilibrios y males de nuestra sociedad. Como lo sostenía el maestro Reyes Echandia: “La criminalidad tiene un origen social y como tal, decimos humildemente nosotros la solución es política”.

No se trata de fomentar la impunidad o crear una cultura de la criminalidad, o desconocer la facultad que el Estado concede a los asociados para perseguir y castigar las conductas que impactan negativamente los internos de la sociedad. Los vemos como una forma de aliviar, el desequilibrio causado por esa tendencia a criminalizar hasta el más mínimo proceder e incrementar exageradamente las penas y de paso disminuir las condiciones infrahumanas que han convertido las prisiones en meros depósitos de seres humanos bajando los índices de hacinamiento, es un acto de humanidad la concesión de una rebaja en una cuarta parte de las penas, ayudando a disminuir así las ya de por si angustiosas situaciones que se derivan de la privación de la libertad.