“Defensor y defensora es aquella persona que se dedica a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva”.[1]

Foto: Archivo/VANGUARDIALIBERAL

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP, y la Campaña Defender la Libertad: un asunto de tod@s, presentó una queja disciplinaria en contra de los senadores Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal y Carlos Felipe Mejía, por la extralimitación de sus funciones al descalificar, deslegitimar e incitar al hostigamiento y a la estigmatización a defensores de derechos humanos que se agrupan en la Minga por la vida, el territorio, la justicia y la paz.

Los senadores anteriormente mencionados, en varias ocasiones, realizaron falsas acusaciones a las organizaciones y personas que hacen parte de la Minga, especialmente en contra de la organización Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC, lo cual comprometió la seguridad, honra y buen nombre de las personas que hacen parte de este colectivo.

Algunas de los señalamientos fueron las declaraciones del senador Álvaro Uribe Vélez, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Es preferible cerrar esa carretera dos años, mejorar y cuidar la alterna que firmar acuerdos con la minga apoyada en el terrorismo”.  A este tipo de afirmaciones, se le suman las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal, quien, en una intervención realizada durante un debate de Control Político desarrollado en la Comisión Primera del Senado, afirmo: “A mí me preocupa hoy que la gran base indígena esté atrapada en el CRIC (…), es recurrente la formulita, asesinan a los líderes buenos, cooptan líderes que quedan bajo el yugo de su estrategia revolucionaria, y el que se quiera salir del paseo lo asesinan o lo desplazan…”. Por su parte, el Senador Carlos Felipe Mejía publicó en su red social de Twitter el 3 de abril que: “Autoridades destapan acuerdo criminal entre bandidos del ELN, narcoterroristas FARC y 'Pelusos’, para agitar la #Minga y generar una crisis de gobernabilidad con miras a elecciones regionales. Así funcionan los violentos y sus aliados populistas. #MingaTerrorista”.

Las declaraciones estigmatizantes hacia la CRIC y a la Minga por la vida, el territorio, la justicia y la paz, realizadas por los senadores contribuyen a incrementar los factores de riesgo de los pueblos indígenas del país, propiciando que ciudadanos actúen de manera violenta contra las organizaciones y personas que las conforman, como sucedió el pasado 3 de abril donde las sedes de IPS Minga del Cric, CIMA-CNA y de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, fueron agredidas; dañaron puertas y ventanas, rompieron vidrios e insultaron y amenazaron a quienes se encontraban en el sitio, hubo 10 heridos.

Dichas agresiones se dan en marco de un ambiente de violencia profunda contra los pueblos indígenas del país. La Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC ha denunciado que, entre la firma del Acuerdo Final de Paz y el 8 de diciembre de 2018 se tiene un registro de 18.761 víctimas, y durante el Gobierno del Presidente Iván Duque, hasta el 8 de diciembre de 2018, se registran 46 indígenas asesinados[2].

La actuación de los senadores va en contravía de las prohibiciones señaladas por la Procuraduría General de la Nación, en la directiva 002 de 2017, que señala: “Exhortar a los servidores públicos para que, en cumplimiento de sus funciones y deberes legales y en el marco de sus actuaciones, respeten y garanticen las actividades que deba desarrollar la población objeto (defensores y defensoras de derechos humanos) de la presente directiva. En consecuencia, los servidores públicos deberán abstenerse de realizar conductas que los deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento estigmatización de su labor[3]”. Así, como del Código Nacional de Policía y la propia Constitución.

Por esta razón, se exige que los funcionarios María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe Vélez y Carlos Felipe Mejía sean investigados de acuerdo a lo establecido en la directiva 002 de 2017.

[1] Interpretación de la labor del defensor/a de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Criterio que ha sido adoptado por la jurisprudencia colombiana y la Procuraduría General de la Nación, en su directiva 002 de 2017.

[2] Bajo la Presidencia de Iván Duque han sido asesinados 46 indígenas: https://verdadabierta.com/la-presidencia-ivan-duque-asesinados-46-indigenas/ 

[3] Directiva 002 de 2017, parágrafo segundo (2) de la Procuraduría General de la Nación