Bogotá, 29 de octubre de 2019

Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño
Bogotá D.C.

Señor Presidente:

Las plataformas, organizaciones sociales y de derechos humanos, nacionales e internacionales, y las personas abajo firmantes, de manera respetuosa le solicitamos su intervención para que se agilicen las negociaciones entre su Gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante OACNUDH o la Oficina), para la renovación del acuerdo de sede de la Oficina en Colombia, que vence el 31 de octubre, de tal forma que la OACNUDH pueda continuar sin contratiempos sus importantes labores en nuestro país.

Esta Oficina fue creada por decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1996 (reemplazada hoy por el Consejo de Derechos Humanos) con el doble propósito de “ayudar a las autoridades colombianas a elaborar políticas y programas para la promoción y protección de los derechos humanos y de observar las violaciones de los derechos humanos en el país, presentando informes analíticos al Alto Comisionado”, tras considerar que la situación de derechos humanos era muy grave y que la aplicación de las recomendaciones de los relatores temáticos y grupos de trabajo era insuficiente, por lo cual la situación de los derechos humanos no había mejorado de manera significativa en el país[1].

Hoy más que nunca se requiere la actuación de la Oficina en Colombia y el ejercicio de su doble mandato de asistencia técnica y de observación, sin modificaciones, para contribuir al cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Muchas de ellas continúan sin aplicarse plenamente, según los informes de los diversos mecanismos de la ONU que han examinado a Colombia en derechos humanos en los últimos años. Además, el Acuerdo de Paz celebrado con la guerrilla de las Farc ha generado un triple efecto sobre la situación de derechos humanos del país. De una parte, ha abierto vías para la solución de problemas destacados en este campo, tanto en materia de derechos civiles y políticos (la reincorporación de ex combatientes a la vida política y la creación de instituciones de justicia transicional, entre otros) como económicos, sociales, culturales y ambientales (el reto de una política de desarrollo respetuosa del medio ambiente y que contribuya a la inclusión económica y política de las zonas más afectadas por la violencia política y el conflicto armado, por ejemplo). De otra parte, ha dado lugar a una tensión social muy fuerte entre sectores adversos al acuerdo y partidarios del mismo, que requiere un tratamiento especial para evitar la generación de males mayores al conjunto de la población colombiana.

Adicionalmente, si bien es innegable el valioso aporte a la paz y a los derechos humanos que significa el cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte de la inmensa mayoría de los ex integrantes de las Farc, el conflicto armado persiste en diversas regiones de Colombia con el aumento de presencia de otros grupos guerrilleros, de disidencias de las antiguas Farc, de grupos paramilitares, de otros grupos armados y de la propia Fuerza Pública, con graves consecuencias para los derechos humanos y el derecho humanitario de la población civil. De nuevo estamos presenciando la ocurrencia de masacres, el aumento del reclutamiento de niñas y niños, la comisión de ejecuciones extrajudiciales, el crecimiento día a día del número de desplazamientos forzados, el asesinato de integrantes de comunidades indígenas y afrocolombianas, y situaciones de confinamiento que comunidades enteras están enfrentando. La conflictividad social se incrementa, así como la militarización del territorio nacional, mientras que la violencia contra los liderazgos sociales y personas defensoras de derechos no cesa.

La importante experiencia adquirida por la Oficina en Colombia durante las dos últimas décadas la califican ostensiblemente para contribuir con las autoridades y la población civil a continuar superando los principales problemas de derechos humanos que afectan al país. Es urgente que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continúe monitoreando la evolución de la situación de derechos humanos y derecho humanitario en todo el territorio colombiano, y que pueda compartir sus valoraciones y análisis con la sociedad civil, con el Estado y con otros órganos de la ONU, para poder tomar las medidas adecuadas y oportunas para enfrentarla. Es urgente también que esta Oficina continúe brindando asesoría al Gobierno, al Estado en general y a la sociedad para alcanzar el objetivo de adoptar políticas estructurales que permitan, entre otros aspectos, 1) implementar integralmente el Acuerdo de paz, 2) enfrentar la violencia contra personas defensoras de derechos humanos, 3) desmantelar a los grupos paramilitares, 4) avanzar hacia la reconciliación, 5) adoptar un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, o 6) garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, y que dichas políticas sean acordes a los estándares internacionales de derechos humanos.

Señor Presidente: la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es una aliada estratégica para su Gobierno y para la sociedad en su conjunto. Entorpecer su labor en nuestro país mediante recortes a su doble mandato o la imposición de trámites excesivos sería un error que únicamente llevaría a que la situación humanitaria y de derechos humanos se continúe agravando. También sería un desconocimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la Comisión de Derechos Humanos y con el Consejo de Derechos Humanos, que se encuentran vigentes. Por eso le pedimos respetuosamente que, sin más dilaciones, renueve a la mayor brevedad posible el acuerdo de sede para el mantenimiento de la presencia de la OACNUDH en Colombia, y que lo haga manteniendo la integridad de su mandato.

Permítanos valernos de la ocasión para reiterarle nuestros sentimientos de consideración y aprecio.

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