Las organizaciones internacionales de la sociedad civil, que suscribimos el presente comunicado manifestamos nuestra profunda preocupación por el recrudecimiento de las amenazas y atentados contra la vida de líderes y lideresas sociales en Colombia y exhortamos al Estado colombiano a dar respuestas efectivas que frenen este baño de sangre y brinden garantías para el legítimo ejercicio de su trabajo

El 13 de enero, en la ciudad de Bogotá, la defensora de Derechos Humanos, Blanca Nubia Díaz, de acuerdo con el comunicado del Movice, fue interpelada por dos hombres que la llamaron “guerrillera sapa siga haciendo campaña”, la secuestraron, sedaron, amenazaron y en un claro hecho de violencia de género le cortaron su cabello.

El jueves 25 de enero en el corregimiento la Guaripa en el departamento de Sucre fueron asesinados los hermanos reclamantes de tierras Humberto Manuel Escobar Mercado, Prisciliano Manuel Mercado García, y Manuel Eusebio Osorio Escobar mientras intentaban trazar los límites de su finca “La Concepción”

El 26 de enero, en la ciudad de Quibdó, el líder indígena, coordinador de la guardia indígena del resguardo Embera Katío el Dieciocho, Eleazar Tequía Vitucay, fue asesinado por integrantes del Ejército Nacional4. Según el comunicado de la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, el homicidio se produjo en el marco de la Minga Educativa que tenía como objetivo la exigencia de los derechos a la educación de los niños, niñas y adolescentes del resguardo.

El sábado 27 de enero, en la ciudad de Buenaventura, el líder social, integrante del Proceso de Comunidades Negras, Temístocles Machado, fue asesinado. El señor Machado había sido víctima de amenazas desde hace más de 10 años por su trabajo en defensa de las cien familias del barrio Isla de Paz, en riesgo de ser desplazadas por la acción de empresarios y grupos armados del Puerto que querían apoderarse de este territorio para construir bodegas y parqueaderos como parte de los proyectos de ampliación.

El mismo 27 de enero en horas de la noche, la lideresa María Cecilia Lozano, sobreviviente de las masacres de Mapiripán, Coordinadora de la Red de Mujeres Desplazadas del Meta, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas, que trabaja por la restitución de tierras, el retorno colectivo y los derechos de las víctimas organizadas en la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta -Asomudem- fue víctima del robo de sus pertenencias y atentado con arma blanca que le propinó un sujeto que se transportaba en una moto.

De acuerdo con la denuncia pública emitida por Humanidad Vigente y Asomudem, el domingo 28 de enero en horas de la tarde, una defensora de derechos humanos marcó al número celular de la lideresa social, y una voz masculina contestó y al referirse al a señora Lozano afirmó: “ella está chupando gladiolo y le vamos a partir el culo”.

Enero 30, de acuerdo con información difundida por la organización defensora de DDHH Credhos8 en Cantagallo, Sur de Bolívar, fue encontrado muerto el dirigente comunal y defensor de Derechos Humanos Nixon Mutis.

Enero 30 en el municipio de San Calixto, Norte de Santander fue asesinada Leidy Amaya, quien se desempeñaba como promotora de salud.

Estos nuevos hechos se suman a la larga y dolorosa lista de asesinatos, amenazas, robos de información10 y desapariciones de líderes y lideresas sociales11 y son mensajes desesperanzadores para las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, que hoy le apuestan a la construcción de la paz en los territorios.

Además de la situación de los líderes y lideresas sociales, llamamos la atención, como Organizaciones internacionales comprometidas con la paz en Colombia, sobre los asesinatos de los integrantes de la Farc, que de acuerdo con el informe de la Misión de Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas ascendía a 34 a diciembre de 2017, cifra a la que debe sumarse además el asesinato de 13 familiares.12 En enero de 2018 fueron asesinadas 4 personas más entre ellas un menor de edad13. Garantizar la vida de los y las excombatientes es uno de los compromisos mayores del Estado frente al acuerdo de paz.

Exhortamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de su papel como garante de los derechos humanos, adelante todas las gestiones para proteger la vida y trabajo de los líderes y lideresas, adopte todas las medidas necesarias para asegurar que hechos como estos no se repitan y para que se investigue efectivamente a los actores materiales e intelectuales de los crímenes y se les castigue con todo el peso de la ley.

Al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y a la comunidad internacional les animamos a expresar su repudio ante estos hechos y hacer seguimiento al desarrollo de los procesos de justicia para que no queden en la impunidad.