Informe de Seguimiento

El jueves 23 de mayo un grupo de hombres armados se presentaron en el centro poblado de la vereda Brazo Izquierdo, corregimiento de Versalles a menos de una hora de la comunidad indígena de Dochama. Toda la comunidad, hombres mujeres y niños, fueron reunidos, reteniendo sus celulares y medios de transporte. En presencia de los retenidos asesinaron a dos miembros de la comunidad, que al parecer hacían parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Ese mismo día, en la vereda Viernes Santo del mismo corregimiento, fue hallado el cuerpo de otra persona, presuntamente asesinado por el mismo grupo de hombres.

El día siguiente alrededor de las 5:00 am., se presentaron enfrentamientos entre grupos al margen de la ley en el sector de Batatalito, en los que se estiman fallecieron 5 personas, dentro de los cuales uno de ellos se encontraba decapitado. A pesar de la presencia de unidades del ejército en el centro poblado del corregimiento de Versalles, su presencia en el lugar de los hechos solo se dio más de 12 horas después de ocurrido los hechos.

En los hechos se vio afectado el Gobernador Mayor del Resguardo Embera Dochama Altos de Uré, quien en el momento se encontraba en Brazo Izquierdo. El líder indígena hace parte del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba GTTC, conformado por comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y afrodecendientes que trabajan por el acceso a la tierra de las comunidades rurales víctimas del conflicto armado en el departamento de córdoba.

Estos hechos sumados a otros elementos del contexto regional generan una situación de confinamiento para la comunidad Embera, así como imposibilitan a su autoridad mayor, el ejercicio de liderazgo en su propio territorio, debido a la ausencia de garantías de seguridad y el goce efectivo de derechos por parte de las comunidades y sus representantes.

Contexto
En enero de 2018, en la vereda San Pedrito, fueron desplazadas alrededor de 114 familias de las comunidades indígenas y campesinas . Las cuales en su mayoría aún 1 permanecen en situación de desplazamiento en el casco urbano del municipio de San José de Uré y quienes no han podido llevar a cabo un plan de retorno, pues las condiciones de seguridad en el territorio no lo permiten.

En el sur del departamento actualmente hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocido como Caparrapos. En los últimos meses se han aumentado los enfrentamientos por el control territorial y sobre las rentas ilegales producidas por el narcotráfico en el sur de Córdoba y norte de Antioquia, con mayor intensidad en la región del nudo del paramillo . De manera 2 particular se ha visto afectada la comunidad Embera, ubicada al margen de la quebrada la Danta. Zona donde circulan con regularidad los grupos armados presentes en la región, al igual que el sector de la quebrada la Barrigona y San Pedrito.

En el territorio donde se presentaron los hechos del 23 y 24 de mayo hay presencia permanente el ejército colombiano. Sin embargo, no fue evidente una acción oportuna dirigida a preservar la seguridad de las comunidades campesinas e indígenas de la zona. El ataque se presenta un día después del cambio de mando del comando de la Decima Brigada del Ejército, responsable de la seguridad de Córdoba, y tres días antes de la llegada de 1000 hombres de la Fuerza de Tarea Aquiles . Bajo lo que se presenta 3 como una arremetida militar para mitigar el avance y crecimiento de los grupos ilegales.

En la zona se adelantan acciones de exploración minera para la extracción de níquel, cobre y oro dentro del territorio ancestral indígena del Resguardo Embera Katio Dochama Altos de Uré y en el corregimiento de Versalles . Según miembros de la 4 comunidad indígena, se ha presentado la presencia de cuadrillas de trabajadores de empresas mineras dentro del territorio Embera, sin el debido proceso de consulta previa. Situación que se ha favorecido por la falta de titulación del Resguardo Indígena Embera Dochama Altos de Uré, a cargo de la Agencia Nacional de Tierras.

Afectaciones
Confinamiento de la comunidad Embera, Resguardo Dochama Altos de Uré. Los grupos armados al margen de la ley circulan permanentemente dentro del territorio indígena en lo que ha resultado en varias situaciones como las ocurridas el 23 y 24 de mayo 2019. Los enfrentamientos sostenidos entre las AGC y los Caparrapos en territorio de las comunidades indígenas mantiene en estado de confinamiento a esta población, quienes ante el temor de nuevos enfrentamientos no han podido circular dentro de su territorio, ni desplazarse hacia el corregimiento de Versalles o Brazo Izquierdo, principales puntos de abastecimiento de bienes de consumo.

Desplazamiento brazo izquierdo
Luego de los hechos presentados el 23 de mayo se estima que al menos las 80 personas que habitan la vereda Brazo Izquierdo, de origen campesino, quiénes fueron testigos presenciales del asesinato de los jóvenes, se desplazaran al casco urbano de San José de Uré. El cual se sumaría al desplazamiento forzado de enero de 2018. Lo que evidencia un proceso de despoblamiento de la región al tiempo que avanza la llegada de actores empresariales.

Dilación histórica en el Reconocimiento Resguardo Dochama Altos de Uré
Desde hace aproximadamente 40 años se vienen adelantando el proceso reconocimiento del Resguardo. Se teme que el posible desplazamiento de las familias que aun continúan en el resguardo implique una traba más al proceso. Hecho que incrementaría la falta de reconocimiento de la comunidad indígena por parte de las instituciones gubernamentales. Lo cual, a su vez, favorece las acciones en terreno de terceros interesados en la explotación de minerales este territorio.

Impedimentos para el ejercicio de la autonomía
Los constantes enfrentamientos entre grupos armados y la circulación de los mismos en territorio indígena limitan el ejercicio de gobierno propio que tiene la comunidad, pues impide la presencia de su autoridad mayor en el territorio.

Ante este panorama, las comunidades y organización miembro del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba GTTC y los acompañantes; CORSOC, Pensamiento y Acción Social –PAS-, CINEP y Broederlijk Delen, se permiten hacer las siguientes recomendaciones:

● A las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, desplegar acciones que permitan proteger la vida de las comunidades indígenas y campesinas de manera particular gobernadores indígenas y líderes sociales.
● A la Procuraduría General de la Nación, adelantar las investigaciones que permitan sancionar autoridades o funcionarios que no hayan atendido de manera oportuna la situación de riesgo de comunidades indígenas y campesinas o que hayan desatendido recomendaciones para la protección y seguridad de estas poblaciones en el marco del Sistema de Alertas Tempranas.
● A la Agencia Nacional de Tierras, acelerar e informar el estado de avance en el reconocimiento del Resguardo Embera Katio – Dochama Altos de Uré, teniendo en cuenta los riesgos sobre el proceso de reconocimiento del resguardo a raíz del actual contexto de seguridad y los riesgos que representa su no reconocimiento ante intereses de terceros y de los grupos armados.
● A la Unidad Nacional de Protección, implementar de manera urgente medidas preventivas de seguridad para la comunidad Embera Katio Dochama y sus líderes en el marco de la solicitud de análisis de riesgo que se lleva a cabo para esta comunidad desde el 2018.
● Al Ministerio del interior, impulsar la ejecución de las medidas de seguridad colectiva, en el marco de la implementación de los pilotos del decreto 660, que comprometen a las autoridades del orden municipal y departamental.
● A la Agencia Nacional Minera, revisar los procesos de interlocución con las comunidades indígenas frente a los títulos de exploración y explotación minera otorgados en la región y se dé cuenta de los procesos de consulta previa, por los cuales se otorgaron títulos que permiten en la actualidad la exploración en territorio indígena.
● A la Unidad para La Atención y Reparación Integral a las Victimas, prestar atención inmediata a las víctimas de los hechos presentados el 23 y 24 de mayo y se atienda la situación de confinamiento de las comunidades indígenas y campesinas en la Vereda Versalles del municipio de San José de Uré. Emprender medidas que generen condiciones óptimas para el retorno de las familias desplazadas de enero de 2018 y las que pudiesen haberse visto afectadas por este nuevo hecho.

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