Los últimos días han sido un escenario de dolor y tragedia para todo el pueblo colombiano. Las malas decisiones del gobierno nacional han llevado a que la violencia se instale en las calles de las principales ciudades del país, trayendo consigo decenas de muertos, centenares de desaparecidos, heridos y ciudadanos capturados en medio de las protestas. Lo más grave es que los actos de represión continúan escalando y los anuncios de militarización contra la protesta social, indican que puede ser aún peor. 

Los procesos sociales, étnicos, territoriales y populares articulados en el comando nacional de paro, han convocado para salir a las calles desde el pasado 28 de abril exigiendo un cambio verdadero en torno a las políticas económicas y sociales que han sido implementadas por este gobierno. 

Como respuesta a la manifestación pacífica, en una completa negación de las garantías constitucionales y del llamado al diálogo que hacía la ciudadanía, el gobierno de Iván Duque Márquez ordenó la confrontación de la protesta social por vía de la represión con uso de todas las fuerzas de policía (vigilancia, Fuerza Disponible, SIJIN, SIPOL, GOES, COPES y el ESMAD), sumado a la llamada “asistencia militar” en campos y ciudades hasta que, según sea su parecer, cesen los hechos de alteración al orden público.

La consecuencia de esta irresponsable decisión con la que envió tropas militares a las calles para confrontar la movilización social y las reclamaciones ciudadanas con la orden de disparar, fue precisamente una explosión de violencia en contra del pueblo colombiano. Lo más grave y lamentable son los hechos de agresión desmedida y sistemática que mantuvo la Fuerza Pública contra la población civil en la ciudad de Cali el pasado 3 de mayo. Incluso, la Misión de Verificación de Derechos Humanos de la ONU recibió amenazas y agresiones en su contra y corroboró la realización de disparos por parte de la policía contra otros integrantes de la Misión y los manifestantes de manera indiscriminada. 

Al día de hoy, según son las cifras recogidas por Temblores ONG, en 7 días de protesta se han registrado 1181 casos de violencia policial, al menos 26 manifestantes han sido asesinados, 142 personas fueron víctimas de violencia física, se han registrado 216 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 17 ataques que causaron daño ocular permanente a los manifestantes, al menos 56 casos documentados de disparos con arma de fuego por parte de la policía, 9 víctimas de violencia sexual cometidos por activos de la Fuerza Pública y 56 denuncias de desaparición forzada en el contexto de las movilizaciones.  Por su parte la Defensoría del Pueblo documentó 89 casos de desaparición.

Lamentablemente, a pesar de la gravedad de estas cifras, el número puede ser aún mayor, considerando que la noche del 4 de mayo el modus operandi de ataque sistemático a la población civil por parte de la Fuerza Pública se replicó en varios lugares del país. El registro de estos hechos ha sido dificil, especialmente porque la señal de internet fue intervenida por el gobierno nacional en un acto de represión sin precedentes en el continente. 

A todas las víctimas, nuestra solidaridad y acompañamiento en su clamor de justicia. 

A pesar del rechazo internacional que ha despertado lo sucedido en Cali y en varias ciudades, entre ellas, Pereira, Barranquilla, Medellín, Bogotá, esta última donde incluso hay denuncias de actos de tortura cometidos por activos de la Policía al interior de la estación del Sistema de Transmilenio-Portal Américas y violencia sexual en contra de mujeres, se contempla el aumento de  medidas extremas de control militar. 

En la mañana del martes 04 de mayo, varios congresistas del partido de gobierno – Centro Democrático – le pidieron al presidente Duque declarar el Estado de Excepción por conmoción interior (entre los solicitantes están los congresistas Álvaro Hernán Prada, Nicolás Peréz, Vásquez y Carlos Felipe Mejía). 

De llegarse a concretar dicha declaración, las posibilidades de que las bases fundamentales del Estado Social de Derecho sean demolidas, son muy altas. 

El Estado de Excepción, conocido antes como Estado de Sitio, declarado por conmoción interior, le permite al primer mandatario asumir poderes excepcionales con los que, se presume, deberá superar las condiciones de conmoción. Dichas prerrogativas pueden ser tan amplias como suspender cargos de gobernantes regionales, designar funcionarios militares en cargos civiles, restringir el derecho de circulación, establecer restricciones a la radio y televisión, imponer contribuciones fiscales, limitar el uso de servicios de primera necesidad, interceptar comunicaciones y todas aquellas que considere necesarias para preservar el “orden público”. 

La propuesta pone en peligro las libertades básicas de la población colombiana. No puede ser que la respuesta estatal a las peticiones legítimas de la población siga siendo la represión, la militarización de las regiones y la brutalidad policial. Por el contrario, deben garantizarse todas las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Además, según la jurisprudencia sentada por la @CConstitucional desde 1992, no es válido declarar el Estado de Conmoción Interior invocando motivos originados en actos, hechos o situaciones provocadas por actuaciones u omisiones del propio Gobierno o de sus agentes, como ha ocurrido en este caso.

Por eso, en contra de este gobierno que ha priorizado el uso de la represión y la militarización a la crisis social existente, es necesario que todas las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales nos manifestemos de forma contundente rechazando las violaciones a las garantías constitucionales y los crímenes de Estado cometidos en el marco de la protesta social y se rechace desde ya la intención de declarar el Estado de Excepción en Colombia.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL RESPETAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA PROTESTA PACÍFICA Y A LA DIGNIDAD HUMANA DE TODOS Y TODAS QUIENES HEMOS SALIDO A LAS CALLES A RECLAMAR NUESTROS DERECHOS.

Suscriben,

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -Colectivo OFB

Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense -RedhPaNa

La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - Reiniciar

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz

Colectivo de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas

RedCAA - Red Contra el Abuso de Autoridad.

Plataforma Bogotá Con Ambiente de Paz BAP 

Red Iberoamericana de Interacción Humano-Computador HCI-Collab

Sociedad Colombiana de Computación-SCO2

Mesa de Trabajo Psicosocial

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos-CSPP 

Corporación Jurídica Yira Castro - CJYC

Colombia - Asociación Red de defensores y defensoras de derechos humanos

Amautas Huarmis Colombia - Colectiva Feminista

Corporación Viso Mutop 

Odilia León Ramírez, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Bogotá

El Movimiento nacional de víctimas de crímenes del Estado - Movice