Durante dos días, víctimas provenientes de Bogotá, Soacha, Neiva, Cali, Barranquilla, Anorí, Medellín, Cali, Popayán, Caldono, Pasto, San Lorenzo, Pereira, Villavicencio, Manizales, Bucaramanga, Galapa, Santa Marta, Cúcuta, Arauquita, Saravena, Yopal, Paz de Ariporo, Pitalito, Tunja, Paipa, Líbano, Ibagué, Cajamarca, Facatativá, Girardot, Madrid, Cartagena del Chairá, San José del Fragua, Florencia, Puerto Asís y Mocoa, nos reunimos en la ciudad de Bogotá para trazar rutas de trabajo conjunto por la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición de asesinatos, lesiones oculares, tortura, violencias basadas en género, actos de violencia sexual, discriminación étnica y sexual, cometidas por agentes del Escuadrón Móvil Anidisturbios, ESMAD, la fuerza disponible y agentes de otras unidades de la Policía Nacional. 

Hoy por hoy, la violencia policial es una realidad de la cual ningún ciudadano ni ciudadana está exenta. Se expresa en las protestas, pero también contra jóvenes que hacen uso del espacio público, contra vendedoras y vendedoras ambulantes, contra las personas trabajadoras sexuales, contra comunidades que impulsan procesos de erradicación manual y concertada de cultivos de uso ilícito y en forma de abusos de autoridad contra vecinos y comunidades. La violencia policial que vivimos diariamente requiere de la más fuerte condena social y de reformas profundas a una institución que no protege a la ciudadanía y se convierte en su amenaza. Esta violencia no es producto del azar, no se trata de casos aislados; obedece a una política institucional en la cual  el Escuadrón Antidisturbios ESMAD es uno de sus principales exponentes. El ESMAD ha convertido la protesta social en escenario de represión violenta, persecución y mordaza para el descontento social. 

Además, la violencia policial es una violencia selectiva, en favor y defensa brutal de valores e intereses que solo favorecen a sectores privilegiados de la sociedad y que va en desmedro de quienes son más vulnerables o desventajados. Su relación con el crimen no pasa solo en su control, sino también en el favorecimiento y permisividad con organizaciones ilícitas de mayor calado. La Policía Nacional se ha convertido en un órgano hermético, que se autoreferencia en la autoridad y que escapa a todo control de organismos civiles del Estado, amplitud de poder inadecuada que ha conllevado a la posibilidad de la violencia, la humillación y el crimen sean sus formas predilectas para imponerse sobre la voluntad de los otros.

Somos sus víctimas, procesos organizativos, comunidades y pueblos que hemos alzado la voz contra estas violencias. Que reivindicamos nuestro derecho a usar el espacio público, a trabajar, a protestar y a exigir respeto y protección de las autoridades. Desde la creación del ESMAD, víctimas de la violencia policial y las organizaciones defensoras de derechos humanos emprendimos acciones contra la impunidad de los graves crímenes cometidos contra la ciudadanía, logrando en el 2005 que los agentes de este cuerpo se identificaran debidamente y dejaran de encubrir sus crímenes con el anonimato y, en  2020, también logramos que la Corte Suprema de Justicia reconociera la sistematicidad de la violencia policial en entornos de protesta. También hemos logrado que muchos casos no sean investigados por la justicia militar, que la fuerza pública no se autoinvestigue y autoabsuelva. Hemos obtenido que órganos internacionales como la CIDH y ONU se mantengan vigilantes y que hayan recomendado la reforma a la institución policial.

En este Encuentro “Construyendo Memoria y Dignidad” acordamos fortalecernos organizativamente, tejer lazos de solidaridad y denuncia conjunta para que la sociedad colombiana comprenda que la violencia policial es un fenómeno sistemático, es decir, que puede obedecer a un plan o una doctrina instalada,  y que es contra un grupo determinado de personas, elegidas por razón de su sexo, raza, orientación política o condición social. La violencia policial debe ser investigada dentro de un contexto donde hay otros casos similares, donde hay políticas, prácticas e ideologías que la fomentan.

Así mismo acordamos que la obtención de la verdad, justicia y reparación  pasa por acciones colectivas que denuncien a nivel nacional e internacional  la impunidad que existe, esto a través de giras, jornadas de incidencia y denuncia con participación de las víctimas para exponer la impunidad estructural en las violaciones de ddhh cometidas por la policía. Esto se debe combinar con la identificación de patrones de violencia en cada tipo de vulneraciones para que desde allí, se construyan macrocasos que permitan logros jurídicos y se traduzcan en reformas a la justicia penal militar, creación de protocolos de medicina legal para atención de víctimas de violencia policial, prohibición de armas de fuego, menos letales y uso de otras conforme a los protocolos, que presionen una   reforma integral a la Policía Nacional.

Como víctimas y organizaciones de derechos humanos comprometidas con la transformación de los contextos y realidades que facilitaron la ocurrencia de la arbitrariedad y los abusos policiales, consideramos que se deben impulsar escenarios de encuentro que den continuidad a este encuentro nacional a través de una serie de encuentros regionales en el primer semestre del próximo año y nuevamente encontrarnos a nivel nacional a finales de 2022, con el fin de evaluar los avances y retos que aún quedan por lograr. Estos escenarios de articulación deben tener componentes de autocuidado, asistencia psicosocial y construcción de redes de apoyo que permitan a las  víctimas  crear espacios de superación y resignificación de los hechos violentos.

Queremos avanzar en la exigencia de investigaciones serias, prontas y completas que permitan la identificación de los responsables, civiles y policiales, de hasta el más alto nivel, por las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido la Policía Nacional. Queremos no repetición, exigimos  la transformación profunda de la Policía Nacional para que nadie más tenga que vivir la pérdida de un ser querido, de una parte de su cuerpo, de un proyecto de vida, a manos de quien está en la obligación de proteger sus derechos. ¡Queremos una fuerza pública para la Paz!