Sin embargo, vemos con preocupación e indignación que en medio de los esfuerzos que realizamos las organizaciones y movimientos sociales para la construcción de la paz, con justicia social y ambiental seguimos siendo criminalizados.  En la última semana han sido asesinados las compañeras y compañeros:

Marisela Tombe, lideresa campesina del Tambo, Cauca (1 de marzo)
Alexander Oime, Gobernador indígena de Río Blanco, Cauca (1 de marzo)
Klaus Zapata, líder de la Juventud Comunista en Soacha, Cundinamarca (6 de marzo)
William Castillo, líder campesino de El Bagre, Antioquia (7 de marzo)

Igualmente, en las últimas semanas las comunidades rurales venimos denunciando la presencia de grupos paramilitares, la circulación de panfletos amenazantes, seguimientos intimidatorios a líderes sociales campesinos del Catatumbo, entre otros hechos. Ante esta alarmante situación, nos preguntamos ¿Cuál es la paz del Gobierno? ¿Dónde están las garantías políticas para la participación? ¿Dónde está la justicia en el país?. Consideramos que el Gobierno colombiano no puede continuar con su doble discurso, por un lado manifiesta su voluntad de paz pero por el otro, criminaliza la protesta social, guarda un silencio cómplice ante las actuaciones paramilitares, impulsa leyes de despojo e incumple con su deber constitucional de salvaguardar la vida y la integridad de los ciudadanos/as.

Por esta razón decimos ¡basta! Queremos expresarnos sin que nos cueste la vida y la libertad. Exigimos que cese la prosecución contra las organizaciones, movimientos sociales y políticos democráticos, exigimos verdad, justicia ante los crímenes perpetrados contra el movimiento social, en especial, la Cumbre  Agraria, con quien el gobierno nacional ha pactado desde 2014 una agenda de trabajo en materia de derechos humanos y garantías.

Aunque seguimos convencidos de la solución política negociada al conflicto armado, y en consecuencia apoyamos los diálogos entre el Gobierno y las Insurgencias, decimos que la paz del gobierno no es nuestra paz; Por esa razón no vamos a quedarnos callados ante esta grave situación que viven nuestras comunidades, nuestros hermanos y hermanas, y anunciamos desde ya, que nos movilizaremos, saldremos a las calles, a las veredas, a las plazas públicas para denunciar el estado criminal y sembrar esperanza con nuestras propuestas, porque queremos cosechar un nuevo país.

Nuestra voz de solidaridad con los familiares y amigos de nuestros compañeros asesinados.
 

8 de marzo de 2016. 
Comisión Política Nacional