Hoy, en el marco de la discusión e implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), seguimos reclamando esa participación efectiva en cumplimiento del principio de centralidad de las víctimas, establecido en el Acuerdo final.

En ese sentido, saludamos la proposición presentada por el senador Juan Manuel Galán al proyecto de Ley 02 de 2016 y su intención de reconocer la participación de las víctimas en el proceso legislativo relacionado con sus derechos.

Sin embargo, lamentamos que sea el Congreso el que decida quién debe representarnos. Considerar como único vocero al presidente de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas es una decisión unilateral que atenta contra los fundamentos básicos de la democracia, pues muchas víctimas no nos sentimos representadas ni acogidas por este mecanismo.

Son múltiples las quejas, denuncias e inconformidades de numerosas organizaciones que consideran que este espacio institucional ha generado cooptación de liderazgos y no ha brindado las suficientes garantías para visibilizar las problemáticas y exigencias que tienen todas las víctimas: las de las guerrillas, el Estado y los paramilitares. Así quedó demostrado en el proceso de participación durante las negociaciones de paz en La Habana, donde fue necesario establecer nuevos mecanismos, más representativos y amplios.

La proposición del senador Juan Manuel Galán, aprobada en primera instancia, cierra la puerta para que el conjunto de víctimas realice aportes a los mecanismos de implementación, que garantizan su protección y participación dentro de los procedimientos del Sistema Integral y demás puntos acordados.

En la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas no están representados muchos movimientos de víctimas ni organizaciones que las han acompañado históricamente en la defensa de sus derechos, y que tanto tienen que aportar a este proceso de implementación normativa. Sólo a modo de ejemplo, su elección excluiría a las organizaciones de desaparecidos, desplazados, mujeres, indígenas, jóvenes y afros víctimas, víctimas de crímenes de Estado, del movimiento sindical y las víctimas pertenecientes a organizaciones sociales y movimientos políticos, la gran mayoría afectadas por las prácticas de violencia estatal y paraestatal, y que hoy no tienen representación en la mesa de participación institucional.

Tampoco consideramos adecuado que dicha representación recaiga únicamente en víctimas de un solo actor armado, tal y como lo ha propuesto el representante liberal Harry González. Internacional y nacionalmente se ha reconocido la responsabilidad de múltiples actores en el conflicto, entre ellos el mismo Estado colombiano. Es más, el SIVJRNR no compete solo a las víctimas de la guerrilla, pues si ese fuera el caso, los agentes del Estado, entre ellos los miembros de la Fuerza Pública, no podrían ser beneficiados por la Jurisdicción Especial para la Paz y en general del SIVJRNR.

Por todo ello, exigimos que la plenaria de la Cámara de Representantes y el Senado de la República desistan de nombrar, en nuestro nombre, a un único vocero, y que se comprometan con un trato simétrico para el conjunto de víctimas. Comprométanse para que las víctimas en su pluralidad sigamos siendo el centro de los acuerdos.

Gracias por su atención. Esperamos una pronta respuesta.