Las plataformas colombianas de derechos humanos que agrupamos a más de 400 organizaciones de derechos humanos, en la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PCDHDD), manifestamos nuestro rechazo ante la llegada a Colombia de una brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad – SFAB, por sus siglas en inglés-.

El gobierno de Iván Duque, al permitir la presencia en Colombia de militares norteamericanos sin pedir la autorización del Senado (conforme al art. 173.4 de la Constitución), ni el concepto previo del Consejo de Estado (conforme al art. 237 de la Constitución), atenta contra la democracia y el equilibrio de poderes en Colombia y puede contribuir a escalar las ya tensas relaciones diplomáticas con Venezuela. El Presidente no está autorizado para comprometer de manera tan grave la soberanía de Colombia. Urge que el Gobierno rinda cuentas de manera oportuna y transparente sobre este tipo de decisiones, y solicite previamente la autorización del Senado y el concepto del Consejo de Estado, para lo cual debe informar con precisión, a los organismos de control y a la ciudadanía en general, en qué condiciones, por cuáles motivos, para realizar cuáles tareas y por cuánto tiempo estarán estos militares extranjeros en el país.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, las tres Plataformas consideramos que la intervención militar de tropas extranjeras de ninguna manera contribuirá a parar el genocidio contra los lideres/as sociales, como se menciona en el comunicado de la embajada norteamericana. Por el contrario, llamamos la atención sobre el riesgo inminente para la vida y seguridad de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que habitan en las llamadas “Zonas Futuro” de Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander) y La Macarena (Meta), donde estarán ubicados los recién llegados, a pesar de que el Ministro de Defensa insista en que esta unidad élite «no va a participar en operaciones sobre terreno». Así mismo, alertamos sobre el riesgo que enfrentarán las personas defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz ubicadas en estas zonas, pues estas supuestas acciones de lucha contra el narcotráfico suelen traer consigo el aumento de las violaciones a los derechos humanos y, advertimos, de manera particular, sobre el riesgo para las mujeres y las niñas y niños de sufrir violaciones a sus derechos humanos, entre ellas agresiones sexuales, con ocasión de la presencia de miembros de ejércitos extranjeros en nuestro país.

Finalmente, instamos al Gobierno nacional a retirar de manera inmediata las tropas norteamericanas del territorio colombiano, dado que, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, esta decisión unilateral ataca el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En lugar de asegurar la financiación y la cooperación internacional para la implementación del Punto 4 (Solución al problema de las drogas ilícitas) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-, el Gobierno de Duque refuerza la erradicación forzada con apoyo de los militares estadounidenses, y en aquellas regiones donde existen compromisos firmados con las comunidades y familias campesinas que están sin cumplir.

La lucha contra el narcotráfico debería sumarse a la construcción de paz y no convertirse en una guerra contra las comunidades

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