CamEste 2 de diciembre, a las 10 am en la sede de la JEP, 35 víctimas y diez organizaciones de derechos humanos y de víctimas radicamos una tutela en la Sección de Revisión para que ordene a la Sala de Reconocimiento abrir de inmediato el incidente de exclusión de Mario Montoya Uribe de la Jurisdicción por su falta de contribución con la verdad.

El Mayor General (r) Mario Montoya Uribe se sometió ante la JEP quedando comprometido a contribuir con los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y Garantías de no Repetición -SIVJRNR-, entre ellos a aportar a la verdad plena y asumir responsabilidades por las conductas delictivas, para poder recibir tratamientos y beneficios especiales. 

El 13 de febrero de 2020, Mario Montoya rindió versión voluntaria ante la JEP, dentro del caso 003 relacionado con “muertes de civiles presentadas ilegítimamente como bajas en combate”. En dicha diligencia, Montoya le mintió a las víctimas y negó tener conocimiento sobre esta práctica, que ocasionó alrededor de 2.429 víctimas bajo su mando, cuando se desempeñaba como comandante del Ejército. En dicha oportunidad afirmó, a pesar de las pruebas que existen, que “el conocimiento de irregularidades en operaciones militares se obtuvo mucho tiempo después de ocurridos los hechos, momento en el cual se tomaron las medidas necesarias para que no se repitieran.” 

Desde entonces, las víctimas y sus representantes solicitamos a la JEP adelantar los trámites para la exclusión de Mario Montoya Uribe y la pérdida de beneficios. Dicha petición fue reiterada el 30 de septiembre, destacando que el comportamiento negacionista es revictimizante y que va en contravía de las pruebas aportadas por las víctimas, los informes de organismos internacionales,  las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación y las múltiples versiones que señalan su responsabilidad y papel determinante en la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad. 

Las declaraciones dadas por Montoya en dicha versión voluntaria demuestran su incumplimiento del deber de contribuir con la verdad ya que contradicen doce versiones rendidas ante esta jurisdicción por quienes fueron sus subalternos, incluídos dos coroneles y un mayor, quienes han reiterado sus presiones por resultados a través de comunicaciones radiales donde eran frecuentes expresiones como “las bajas no es lo más importante, es lo único”  y “la guerra se mide en litros de sangre”. Por otra parte, es ampliamente conocido que desde 2006 existían informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y organismos de control que alertaban sobre la práctica, al interior de las filas del Ejército, de asesinar jóvenes y  presentarlos como muertos en combate, algo que el General Montoya sabía o debía saber.

Por otra parte, hemos conocido que tampoco ha realizado ningún aporte a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición -CEV- y desconocemos que haya hecho algún aporte a la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada ante la Unidad creada para tal fin -UBPD-. Este comportamiento constituye una violación al régimen de condicionalidad y una burla a las víctimas, como lo hemos reiterado.

Han transcurrido 292 días desde que fuera hecha por primera vez la solicitud de exclusión general Mario Montoya, sin que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas atienda o dé algún tipo de respuesta al clamor de las víctimas. Por este motivo, las víctimas y sus representantes hemos decidido presentar ante el Tribunal Para la Paz- Sección de Revisión, una acción de tutela para que ampare los derechos de las víctimas al acceso a la administración de justicia, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas y a un recurso eficaz.

La administración de justicia no puede permitir que quienes han desconocido sus deberes y compromisos, sigan gozando de beneficios como rebajas de penas y no privación de la libertad. Como víctimas demandamos que quienes han pretendido hacer un fraude a la verdad plena, como Mario Montoya Uribe, sean objeto de exclusión y de un procesamiento en la justicia ordinaria o en la justicia internacional, que garantice la plena vigencia de nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral  y las garantías de no repetición.

Bogotá, 2 de diciembre de 2020.