Tal como ha sido informado a la opinión pública nacional e internacional, el 25 de Octubre fueron arbitrariamente desalojadas las familias retornadas a la vereda Pitalito el pasado 21 de mayo de 2013. Delegados del gobierno local, del Ministerio Público, ICBF, Policía (ESMAD) y Ejército, coordinaron un operativo de grandes magnitudes con un único objetivo: Expulsar de nuevo a la comunidad de las tierras que ya habían vuelto a cultivar, para entregarlas al terrateniente JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO.

A la defensa no se le permitió presentar los recursos de ley; nunca se verificó en qué condiciones se ejercía la posesión por parte del terrateniente, los argumentos de la comunidad en lo que respecta a su situación de desplazamiento fueron desatendidos, en fin, la historia de 4 años atrás se repitió. Estas familias, despojadas por segunda vez de su tierra, se encuentran aún refugiadas en la vivienda de una familia solidaria de Curumaní, dado que la Alcaldía de Chimichagua, no ha asumido su obligación constitucional de garantizar el mínimo vital de estos hombres, mujeres y niños, brindándoles un albergue en condiciones dignas.

Rechazamos los rumores malintencionados que vienen promoviendo trabajadores al servicio de JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO en el sentido que la comunidad fue desalojada porque estaban sembrando coca. Rechazamos también las afirmaciones de miembros del Ejército Nacional, según las cuales el 25 de Octubre no hubo un desalojo sino un abandono voluntario de las tierras por parte de los campesinos. Nada más alejado de la realidad. Tachar a los campesinos de narcotraficantes o decir que renunciaron al sueño de vivir en su territorio, solo son formas de tergiversar la verdad y mostrar como justo lo que en la práctica fue una acción arbitraria e ilegal.

Contrasta la actuación célere y eficaz de la administración municipal de Chimichagua al momento de proteger los intereses económicos del terrateniente, con su negligencia y arbitrariedad para atender las pretensiones justas de los campesinos de Pitalito.

Llama la atención el amparo integral del derecho a la propiedad privada a favor de FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO, adoptada por distintos organismos del Estado (Alcaldía, Procuraduría, Policía, Ejército); cuando ninguna medida de protección ha sido implementada para proteger los derechos de las víctimas: El proceso de restitución de tierras, y las indagaciones penal y disciplinaria que cursan por solicitudes y denuncias presentadas por las familias de Pitalito, se caracterizan por su pesadez.

 El lugar habitación transitorio de la Comunidad, ha sido merodeado por hombres desconocidos, que vienen fotografiando el inmueble y sus ocupantes. Por su parte, en los predios han sido vistos civiles armados y se encuentran fuertemente custodiados por el Ejército Nacional. Ya no hay campesinos, los cultivos de pancoger quedaron abandonados y la concentración de la tierra en manos de un palmicultor es otra vez la realidad.

 
 
 
A pesar de ello, las familias de Pitalito RESISTEN CON DIGNIDAD; la solidaridad hacia ellos crece. Cada vez más organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia y el mundo, fijan su mirada en el caso de estas familias, que ha puesto en entredicho el verdadero alcance de la ley de víctimas y de restitución de tierras.