Bogotá, 10 de diciembre de 2020. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), el Programa Somos Defensores y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) presentaron el 10 de diciembre el informe “El ‘enemigo interno’: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de derechos humanos. Informe sobre su persecución, amenazas, ataques, homicidios y desapariciones forzadas” a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). El objetivo del documento es aportar insumos para promover políticas públicas y decisiones judiciales que garanticen la no repetición de hechos violentos en Colombia, además de contribuir a la verdad y ser un testimonio de las causas y efectos del conflicto armado, político y social en el país.

El informe, que tiene como fuente principal expedientes judiciales nacionales e internacionales, así como fuentes primarias y secundarias, documenta seis casos de graves vulneraciones a los derechos humanos de ocho personas defensoras y un familiar de una de ellas. Se trata de los homicidios del profesor Luis Felipe Vélez Herrera (1987), de los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP) Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón, junto al padre de ella, el señor Carlos Alvarado Pantoja (1997), del abogado antioqueño Jesús María Valle Jaramillo (1998) y del periodista y humorista político Jaime Hernando Garzón Forero (1999).

Además de los asesinatos mencionados, también se recopila información sobre las desapariciones forzadas del abogado sogamoseño Alirio de Jesús Pedraza Becerra (1990) y de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa (2000), integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES). Todos estos casos han sido acompañados por la CCJ en la justicia ordinaria nacional e internacional durante largo tiempo, como consecuencia de las solicitudes que han hecho las demás organizaciones participantes de este informe para que la Comisión los asumiera.

El documento, que aborda el contexto sociopolítico de las últimas dos décadas del siglo XX en Colombia, deja en evidencia los altos niveles de conflictividad social para el momento, así como los riesgos y la exposición de las personas defensoras de derechos humanos en el país. La coexistencia de grupos armados de todo tipo, algunos de ellos articulados con el establecimiento y el bloque político y social dominante, también es un aspecto relevante a considerar sobre los hechos registrados en el texto.

El informe recopila cuatro hallazgos que resultan esclarecedores sobre la dinámica macrocriminal que rodeó la comisión de estos delitos en ese contexto. El primero de ellos demuestra que los hechos documentados constituyen crímenes de lesa humanidad en los cuales el Estado colombiano tuvo un papel activo. El segundo hace referencia a la importancia de las actividades llevadas a cabo por las víctimas, como móvil para sus asesinatos y/o desapariciones. Se identificó que ellas cumplían un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos, toda vez que denunciaron públicamente la exacerbación de la injusticia social, el incremento de los episodios de violencia generalizada y las arbitrariedades cometidas por agentes del Estado.

El tercer hallazgo demostró que existen elementos comunes en los seis casos, pues el propósito de los perpetradores era desarticular o afectar los procesos sociales, movimientos, organizaciones o redes en los que participaban las víctimas de estos crímenes. El cuarto y último hallazgo da cuenta del modus operandi del terrorismo estatal.

En los seis homicidios analizados en el informe hubo perfilamientos, persecuciones y hostigamientos que no se quedaron en la estigmatización, sino que escalaron a amenazas, atentados y aportaron información precisa de la víctima, cuya fuente eran los aparatos de inteligencia estatal y los destinatarios eran otros agentes estatales o paramilitares.

De otro lado, se encontró que en las investigaciones por los seis crímenes hubo mecanismos de impunidad, precedidos por una larga inactividad de la Fiscalía, reiteradas reasignaciones de despacho instructor, reticencia a vincular a agentes estatales o a formular líneas de investigación que apuntaran en tal sentido y a identificar a máximos responsables, sumado a una inadecuada metodología en la investigación.

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Programa Somos Defensores y Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)