24 Julio 2020 - 9:37am

La Alerta Temprana 032-2020 de la Defensoría del Pueblo, un reflejo de la denuncia histórica del movimiento social de los DDHH en Medellín

Comunicados / Comunidades / Construcción de paz

No sorprende la reciente la Alerta Temprana 032-2020 de la Defensoría del Pueblo, toda vez que, desde el movimiento social como el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Antioquia, se han expuesto claramente los escenarios, factores de riesgo y la presencia de estructuras paramilitares, posibles nexos y alianzas con la institucionalidad, dando continuidad a la imposición de un cogobierno e instauran un orden social en cada uno de los barrios de las comunas de Medellín.

Por ejemplo, en el reciente informe del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, fueron mapeados los 125 municipios del Departamento de Antioquia y se evidenció la presencia paramilitar en cada uno de los municipios del departamento, con un registro de por lo menos 350 bandas y estructuras ubicadas estratégicamente en todo el Valle de Aburrá.

Es igualmente grave lo mencionado por la Defensoría del Pueblo para la Comuna 7 – Robledo, Comuna 8 – Villa Hermosa, Comuna 10 – Candelaria, Comuna 12 – América, Comuna 13 – San Javier, Comuna 15 – Guayabal, Comuna 16 – Belén “…son más de 140 Grupos Armados de Crimen Organizado de diferente nivel”… “generando tanto riesgos como afectaciones directas a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de sus habitantes. Varios de estos grupos tienen una trayectoria que ronda los 40 años de presencia en los mismos territorios…”- Estas menciones de la alerta de la defensoría complementan lo dicho antes en las ATI 041-2018, la ATI 059-2018, pero que no enfatiza acciones del Estado para desmantelar, desarticular y someter a todos estos grupos

Como también habíamos advertido desde las organizaciones sociales, son los niños, las niñas y la población juvenil las principales víctimas de esta presencia armada que continúa asesinando, reclutando, vinculando a esta población vulnerable. Así mismo, persisten amenazas, seguimientos y otras violencias contra líderes/as sociales y personas defensoras de derechos.

Otros hechos que resalta esta alerta son el aumento en los asesinatos, la violencia intrafamiliar y toda la vulnerabilidad que tienen que afrontar las mujeres y las personas LGTBI en sus derechos y su dignidad, entorno que se desmejora en el marco de la cuarentena decretada por Covid-19.

Cómo Proceso Social de Garantías manifestamos nuestra honda e histórica preocupación, todo este complejo contexto de la ciudad no puede seguir siendo naturalizado, invisibilizado u omitido por la institucionalidad local.

Lo demostrado en dicha alerta, señala la sumatoria de las debilidades del Estado, su permisividad, aquiescencia y la funcionalidad de estas estructuras paramilitares para que, por medio del control social, sean silenciadas todas las libertades, se sometan y coopten a las bases sociales con el uso de las armas.

Animamos a la Procuraduría General de la Nación para que establezca posibles acciones directas u omisiones de funcionarios del Estado colombiano, entes locales, civiles, policiales o militares que han permitido que estos grupos armados se hayan enquistado durante tantos años en todos los territorios de la ciudad.

Citamos de manera urgente al Alcalde de Medellín, señor Daniel Quintero Calle, para que de manera inaplazable atienda cada una de las recomendaciones de la AT 032-2020, convoque un espacio inmediato a las organizaciones sociales del Proceso Social de Garantías, escuche todas las denuncias, los contextos, realidades y recomendaciones determinadas desde nuestras lecturas territoriales, establezca acciones contundentes para mitigar, desmantelar, someter y acabar con los escenarios de riesgo generados por los actores legales e ilegales y las dinámicas de estas violencias.

Insistimos en que toda forma de omisión, naturalización y aquiescencia estatal con estos actores ilegales, los fenómenos desprendidos de éstos, que determinan y constituyen la materialización del riesgo o el peligro contra la población de toda la ciudad.

Por: PROCESO SOCIAL DE GARANTIAS PARA LA LABOR DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE ANTIOQUIA