El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice denuncia ante la opinión pública nacional e internacional el intento de violación de su sede, realizado el jueves 20 de junio de 2019 a sus oficinas nacionales, ubicadas en la ciudad de Bogotá.

HECHOS

1. Siendo las 3:38 a.m. del jueves 20 de junio de 2019, dos sujetos se acercan a la sede del Movice por el costado oriental de la calle 45 A con 20, en el barrio Palermo. Mientras uno de ellos permanece en la calle vigilando que ninguna persona se acerque al lugar, el otro salta la reja y se dirige a la entrada de nuestras oficinas. Acto seguido intenta escalar por una reja que se encuentra en la casa contigua y, al percatarse de la presencia de una cámara de vigilancia, la gira para evitar ser grabado. Luego de permanecer unos minutos revisando el acceso al segundo piso de nuestras oficinas, desciende y se dirige a uno de los costados de la sede, lugar en el cual revienta uno de los extractores de aire de la oficina del Capítulo Bogotá y permanece por unos minutos intentando acceder. Al ver imposibilitado el ingreso, salta la reja nuevamente y se retira del lugar en conjunto con su acompañante, dirigiéndose hacia la carrera 20 por la calle 45 A.

2. Habiéndose percatado de esta situación, el Equipo Técnico del Movice se comunica con la Policía Nacional, quienes envían una unidad al lugar. Se le exponen los hechos al patrullero Ardila de placa 621699 y se le solicita que, ante esta situación, se pueda realizar una mayor vigilancia en el sector. El patrullero solamente deja el número del cuadrante, no toma la denuncia, ni elabora una cadena de custodia del material, y se retira del lugar en conjunto con su compañero.

3. El contexto de implementación de los Acuerdos de La Habana demanda de la participación activa de las víctimas del conflicto y del acceso de ellas a sus derechos, con el fin de posibilitar un tránsito efectivo a la paz y la reconciliación en nuestro país. A esta labor se encuentra abocado plenamente nuestro Movimiento. Debido a esto en nuestras oficinas se posee información sensible relacionada con los procesos de exigibilidad de derechos que se llevan a cabo en conjunto con las víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado colombiano y grupos paramilitares en el marco del conflicto social y armado que ha padecido nuestro país. Razón por la cual vemos con gran preocupación este intento ilegal de ingreso a nuestras oficinas.

EXIGIMOS

A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Que, de conformidad con el Artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, se adelanten las acciones que permitan identificar, individualizar, procesar y juzgar a los responsables de los hechos.

A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Que, en atención a sus obligaciones constitucionales, adelante las medidas tendientes a fortalecer los niveles de protección de nuestras oficinas en aras de evitar la continuidad o el agravamiento de las agresiones cometidas en nuestra contra.

LLAMAMOS

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Reiteramos nuestro llamado a continuar haciéndole seguimiento a esta situación de hostigamientos que se presenta hacia las víctimas de crímenes de Estado y que se enmarca en un contexto de violencia social y política generalizada en contra de las y los defensores de derechos humanos y líderes sociales que desarrollan sus labores en los distintos territorios del país. Así como a conminar al Estado colombiano a generar garantías reales en favor del respeto a la integridad de las organizaciones sociales y populares y de sus integrantes.

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El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice es un proceso organizativo que nace en 2005, en el que confluyen más de 200 organizaciones de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazados, así como organizaciones acompañantes y defensoras de derechos humanos. Tiene presencia territorial en 14 departamentos del país, desde donde defiende los derechos de las víctimas de crímenes cometidos por el Estado, sea por acción u omisión, en acciones perpetradas por miembros de la fuerza pública o fuerzas paraestatales o paramilitares que actuaron bajo el auspicio, respaldo y connivencia del Estado colombiano. Exige también de manera clara el restablecimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, las garantías de no repetición y la memoria de centenares de miles de hombres y mujeres que le apostaron a una Colombia en paz y con justicia social.

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