Alertamos la grave situación, de un posible caso de corrupción, al interior de la cárcel Modelo, la cual, claramente, vulneraría los derechos fundamentales de los internos.

Para dar cumplimiento con el Decreto 546 de 2020 “por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19”, el INPEC estaría entregando, en los diferentes patios de la cárcel Modelo de Bogotá, formatos que permiten solicitar prisión domiciliario. Sin embargo, internos de este Centro Penitenciario, denuncian que estos formularios están siendo vendidos, por para de la guardia del INPEC,  cada uno por un valor de $ 20.000. Adicionalmente, afirman que según este organismo, ninguna solicitud será recibida, si no viene en dicho formulario. Los internos, tendrían solo hasta el día de hoy, para diligenciar la solicitud.

Se debe decir, que la presentación de una solicitud de prisión domiciliaria, es de carácter gratuita y no se debe limitar a formatos impuestos por la institución. Las solicitudes de los internos pueden ser presentadas de manera cotidiana y sin restricciones a la Oficina Jurídica del establecimiento; estás solicitudes, aunque deben contener información precisa y específica, los internos pueden hacerlas a mano y sin la necesidad de utilizar un formato especial. Por tanto, estás solicitudes deberán considerarse válidas cuando cumpla con toda la información requerida.  

Exigimos que el INPEC realice un proceso transparente y acorde a los reglamentos y las condiciones estipuladas para acceder a los beneficios del Decreto 546 de 2020, pues los internos de las cárceles de Colombia no solo se ven afectados por la precariedad de un sistema carcelario en crisis, si no que ven amenazada su salud por la llegada del virus COVID – 19, el cual no ha tenido un manejo adecuado dentro de las cárceles en temas de prevención y control de contagios.

Recordamos, que según el Reglamento General del INPEC (Resolución 4130 del 23 de agosto de 2016), en su título XI: Sistema de atención y recepción de quejas en los ERON, se estipula que todos los establecimientos deben contar con una dependencia encargada de recepcionar las quejas que le permitan a las personas privadas de la libertad y sus familiares, denunciar los presuntos delitos y las violaciones a sus derechos fundamentales por parte de funcionarios o reclusos. Estas denuncias deben ser investigadas, y el director del establecimiento deberá abrir un proceso disciplinario a las personas implicadas. Esto es fundamental, para hacer un seguimiento a los casos de corrupción al interior del establecimiento, los cuales ponen en riesgo a los PPL de no acceder a beneficios en medio de la pandemia por el COVID-19.