Cocina de la Comunidad Destruida por los Trabajadores de Juan Manuel Fernández

 

I. INTRODUCCIÓN

El 31 de Octubre de 2013, se instaló una Misión de verificación de la situación de las familias de Pitalito recientemente desalojadas por disposición de la administración municipal de Chimichagua – Cesar, con el objetivo de establecer la situación humanitarias en que se encuentran estas personas y las condiciones actuales de los predios de los que fueron expulsados (Predios San Miguel y Pitalito).

 

En horas de la mañana toda la delegación se desplazó hacia la Vereda Pitalito, dividiéndose la comisión en grupos a efectos de constatar las condiciones de ambos predios y el lugar donde se encontraba asentada la Comunidad. En la tarde, la Misión se entrevistó con las familias que actualmente se encuentran en el municipio de Curumaní.

 

Además de la inspección ocular a los predios, los distintos grupos de la Misión recaudaron el testimonio de campesinos de la zona, además de los miembros de las familias desalojadas.

 

II. LO OBSERVADO

A los pocos minutos de arribar al asentamiento hicieron presencia dos trabajadores de Juan Manuel, quienes de inmediato se escondieron.

La Misión pudo constatar la destrucción total del asentamiento humanitario. Los postes de madera que soportaban la estructura de la escuela fueron cortados con motosierra. La totalidad de las viviendas rústicas construidas por la comunidad han sido arrasadas, lo mismo que la cocina comunitaria y el lugar donde se almacenaban alimentos.

 

De igual manera se verificó que de varias pertenencias de las familias desplazadas, que no lograron ser trasladadas, fueron incineradas, observándose varios montículos de cenizas; otros objetos han sido inutilizados con elementos corto-punzantes.

La Misión constató la existencia de los cultivos colectivos de la Comunidad: cuatro hectáreas de maíz, cerca tres mil matas de yuca, además cultivos de Pimentón, Tomate, cebollín, pepino, ahuyama, pequeños árboles de aguacates, semilleros de guanábana, limones y papayas.

 

Delegados de la Misión recibieron las entrevistas de pobladores de la zona, quienes señalaron que el día lunes 28 de octubre, en el lugar donde está ubicado el asentamiento humanitario de la comunidad, hoy destruido, fueron detenidos dos jóvenes que subían hacia la serranía por parte de dos civiles armados, quienes luego de interrogarlos les permitieron seguir su curso.

La Misión también conoció el testimonio de personas que indican que los trabajadores de Juan Manuel Fernández de Castro recibieron la orden de cortar las cercas instaladas por la comunidad para proteger los cultivos, para que el ganado destruyera los mismos.

 

Miembros de la Misión que recorrían el predio, observaron que hombres al servicio del terrateniente Fernández de Castro del Castillo; soltaron un número cercano de 80 reses que se dirigían hacia los cultivos de la Comunidad.

Delegados de las organizaciones que conformaron la Misión se desplazaron hasta el sitio donde se encuentran viviendo varias de las familias recientemente desalojadas de la Vereda Pitalito, constatando que están hacinados en la residencia de una familia de Curumaní. Al ser interrogados sobre su situación humanitaria, señalaron que no cuentan con ningún tipo de ingreso económico del cual derivar su subsistencia y que la Alcaldía de Chimichagua no les ha ofrecido alternativas de reubicación o alojamiento; sin embargo, afirman que han recibido la solidaridad de la Comunidad y organizaciones sociales y sindicales del país y otras partes del mundo.

Las familias entrevistadas destacan la actuación oportuna de la Defensoría Regional del Pueblo y señalan que se sienten nuevamente abandonados por el gobierno local, tanto de Chimichagua como de Curumaní, aunque reconocen que han recibido colchonetas, kits de aseo y algunos mercados básicos.

 

Afirman que sienten que su vida corre peligro, pues se han sentido asediados y vigilados en el lugar donde se encuentran temporalmente refugiados, al percatarse de la presencia de personas extrañas que toman fotografías del sitio donde viven y de los miembros de la comunidad.

 

III. CONCLUSIONES

La Misión advierte que las familias de la Vereda Pitalito viven actualmente una limitación severa de múltiples derechos fundamentales, entre ellos, al Mínimo vital, la salud, la dignidad humana, a la integridad personal, a una vida digna, y los derechos de los niños y niñas a crecer en un ambiente que les brinde seguridad y estabilidad física y emocional.

A partir de las condiciones constatadas y conforme a los testimonios de la Comunidad se observa que se han desconocido los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano de garantizar la vigencia de los derechos inalienables de la población desplazada, los cuales “…deben respetarse antes, durante y después de su éxodo o del retorno a sus hogares, debiéndose proveerles además lo necesario para garantizar su bienestar y dignidad humana”, de “…mejorar la situación de los niños refugiados y desplazados, tomando en cuenta lo dispuesto específicamente en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989” (Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas ); así como de “…establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país”.

Para esta Misión, la administración municipal de Chimichagua, ha desconocido la jurisprudencia pacífica de las altas cortes en especial la Corte Constitucional, en el sentido que previo a un desalojo  se debe garantizar a las familias desplazadas “(i) un albergue en condiciones acordes para la dignidad humana; (ii) planes de vivienda que les permitieran garantizar este derecho a largo plazo; y (iii) los demás componentes de la ayuda humanitaria de emergencia y de estabilización socioeconómica previstos en la ley y en la jurisprudencia para esta población”

 

IV. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentras las mujeres, niños y hombres de la comunidad de Pitalito, la Misión presenta las siguientes recomendaciones y solicitudes:

1. A la Unidad de restitución de tierras, solicita imprimir celeridad al trámite de la solicitud de restitución presentada por las familias de Pitalito, actualmente en condición de desplazamiento.

2. A la Unidad de Víctimas solicita intervenir en el marco de sus competencias, para garantizar los derechos fundamentales y la atención que requieren las familias incluidas en el registro de víctimas, dada su condición actual.

3. Requiere a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las posibles faltas disciplinarias en que pudieron incurrir los funcionarios que intervinieron en la diligencia de desalojo de la Comunidad de Pitalito y aquellos que han desconocido su deber constitucional y legal de prever un plan de contingencia para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de la población desplazada. 

4. Solicita a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las investigaciones iniciadas en razón a la denuncia penal que por desplazamiento forzado presentaron los miembros de la comunidad de Pitalito en abril del año 2010.

5. Alienta a la Defensoría Regional del Pueblo para que continúe realizando un seguimiento riguroso a la situación de las familias de Pitalito e intervenga en el marco de sus competencias ante las entidades obligadas legal y constitucionalmente a dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales y los lineamientos de la Corte Constitucional en lo que respecta al tratamiento de la población desplazada.

La Misión estuvo conformada por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Equipo Jurídico Pueblos, la Seccional Cesar del Sindicato de Trabajadores del Sistema Agroalimentario – SINALTRAINAL, delegados de la Junta Nacional del Sindicato de Trabajadores del Sistema Agroalimentario – SINALTRAINAL, el Movimiento de Trabajadores, Campesinos y Comunidades  del Cesar – MTCC, miembros del Colectivo Sur Cacarica de Valencia, delegados de Álvaro Vega del Comité Ejecutivo de la CUT, Periodistas de medios de comunicación alternativos, la Asociación de Abogados Defensores de Derechos Humanos - ACADEHUM, el Semillero de Investigación Bogotá Tularí de la Universidad Industrial de Santander y fue acompañada por el Dr. Eliecer Vásquez de la oficina de Paz de la Gobernación del Cesar.