El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denuncia ante la opinión pública los hechos presentados en la mañana del 28 de junio de 2022 en la Cárcel de Tuluá en el Valle del Cauca que dejó al menos 52 muertos y 30 heridos fruto de la actuación ineficaz de las autoridades responsables.

Esta no es la primera vez que en Colombia se presenta un incendio al interior de un centro penitenciario o carcelario. Esta situación se ha presentado de manera reiterada debido, en parte, a la grave situación de Derechos Humanos que se vive al interior de estos centros y que impulsa a las personas privadas de la libertad a ejercer su legítimo derecho a la protesta frente a lo cual las autoridades responden de manera desproporcionada y vulneradora de sus derechos.

Es de recordar que el 21 de marzo de 2020 fallecieron 24 internos y más 100 personas quedaron heridas en la Cárcel La Modelo, de Bogotá, en hechos que aún son materia de investigación, asimismo, el 4 de septiembre de 2020 murieron 8 jóvenes en un incendio en el CAI San Mateo. En todos estos casos se denunciaron hechos de tortura.

Las primeras declaraciones del director del INPEC señalan que la situación se presentó en el pabellón número 8 (que tenía 160 privados de la libertad), debido a la quema de colchones por parte de algunos prisioneros para evitar que los guardias detuvieran un motín. Independientemente de la manera en que se haya iniciado el fuego, es responsabilidad del INPEC, del Ministerio de Justicia y del Estado garantizar la seguridad física de las personas privadas de la libertad. 

Según la información de uno de los familiares de uno de los privados de la libertad, que se encontraban en el Pabellón 8 de la Cárcel de Tuluá, señaló que pudo comunicarse con él alrededor de las 3 de la mañana, quien le indicó que el cuerpo de custodia y vigilancia había hecho uso de gases lacrimógenos posterior al inicio del incendio lo que pudo haber imposibilitado el proceso de evacuación y agravando la afectación respiratoria de los privados de la libertad. Esto resulta sumamente grave si tenemos en cuenta que el Ministro de Justicia afirmó que “la gran mayoría de fallecidos y lesionados se dieron como consecuencia de la inhalación del humo”.

Este hecho es abominable en cualquier centro carcelario, es un índice real y objetivo de las pésimas, crueles y desalmadas condiciones de vulneración de los derechos humanos en que mantienen a las personas privadas de la libertad, que ha sido llamado por la Corte Constitucional, “un estado de cosas inconstitucional”.

Adicionalmente la información del estado de las personas privadas de la libertad no ha sido comunicada oportuna y verazmente a sus familiares lo cual ha originado manifestaciones que han sido igualmente respondidas con el uso de la fuerza.

Por todo lo anterior, el CSPP

SOLICITA:

• A los funcionarios de la Cárcel de Tuluá, a la Dirección Nacional, Regional, que en el menor tiempo posible, den información clara y veraz a los familiares de las víctimas y heridos.

EXIGIMOS

• A Medicina legal y el CTI, recopilen la mayor cantidad de información posible, pruebas que posibiliten el esclarecimiento de los hechos.
• A la Fiscalía y a la Procuraduría, que se inicien investigaciones imparciales, rigurosas y con el acompañamiento de las víctimas y sus familiares, así como el impulso posterior de estos procesos una vez haya sido superada la coyuntura.
• Al Ministerio de Justicia y al INPEC, que tomen medidas estructurales para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, una de estas medidas puede ser incorporar adecuadamente las recomendaciones que desde hace muchos años organizaciones como la Cruz Roja Internacional han realizado.
• Al Gobierno Local y Departamental de Valle del Cauca, que no utilice la fuerza contra familiares que solicitan información y protestan, pues la poca información hecha pública que se genere zozobra en sus núcleos familiares.