28 de septiembre, 2021. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en cabeza de su presidente, Franklin Castañeda, sostuvo un dialogo con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde presentó graves preocupaciones sobre la situación de riesgo de los y las defensoras de derechos humanos en Colombia; las constantes amenazas que integrantes de nuestra institución han sufrido; las reiteradas violaciones de derechos humanos por parte de integrantes de la Fuerza Pública, en especial de la Policía Nacional en el marco de la protesta social; y el incumplimiento por parte del Estado colombiano a la ruta establecida en el Acuerdo Final de Paz en temas de Garantías de Seguridad, en especial las correspondientes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad -CNGS.  

En la reunión se manifestó la preocupación de las alarmantes cifras de agresiones a personas manifestantes que, de acuerdo con la Campaña Defender la Libertad: Un Asunto de Todas,  implican al menos 3.954 víctimas de violaciones a los derechos humanos entre el 28 de abril y el 28 de septiembre del presente año, entre las que se resaltan  87 homicidios, de los cuales 28 fueron cometidos presuntamente por integrantes de la Fuerza Pública; 1.905 lesiones personales incluyendo 88 lesiones oculares; 312 personas que aún se encuentran desaparecidas[1]; 326 vulneraciones a personas defensoras de derechos humanos; 3.365 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por proteccion, siendo sometidas en varios casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes; y 106 casos de víctimas de violencias basadas en género las cuales se incluyen 16 casos de agresiones sexuales. Al respecto es notable la falta de investigación oportuna y celera de las agresiones, pues en pocos casos existe un avance judicial satisfactorio y un proceso investigativo independiente e imparcial por parte de las entidades estatales. 

Estas numerosas violaciones de derechos humanos no han significado una transformación del órgano policial más allá de lo superficial, obviando los llamados desde las organizaciones de la sociedad civil para una #ReformaPolicialIntegral. En ese sentido, se expresó que la agenda a futuro se concentrará en la construcción colectiva y participativa de propuestas de reforma desde la sociedad civil que permitan la transformación de los problemas estructurales de la institución. 

Las anteriores cifras se suman a la situación de riesgo de personas defensoras de derechos humanos en Colombia las cuales, según el Programa Somos Defensores, muestran una tendencia e incremento sostenido en los homicidios y amenazas al liderazgo social contando, sólo para el primer trimestre del 2021, 180 agresiones individuales contra 176 personas defensoras de derechos humanos, siendo los liderazgos comunitarios, rurales, ambientales y de defensa del territorio colectivo los más afectados. Asimismo se ha aumentado la judicialización de las personas líderes sociales en cuyos procesos se han podido observar serias deficiencias en materia investigativa que implican el ejercicio de montajes judiciales. 

Para el 2022 se mencionó la existencia de dos elementos especiales: el periodo electoral con la introducción particular de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las cuales pueden participar las víctimas del conflicto armado, organizaciones campesinas sociales y étnicas, entre otras, lo que puede implicar el aumento del riesgo de las personas defensoras de derechos humanos y la búsqueda del Gobierno Nacional en tratar de concluir con el funcionamiento de las herramientas e instancias de garantías de seguridad contempladas. En efecto, el Gobierno ha creado estrategias para no sólo no implementar el Acuerdo, sino transformar sus disposiciones dejándolo inoperante. Esto se evidencia, por ejemplo, en los intentos de recortar la autonomía del Sistema de Alertas Tempranas y la unificación de cifras bajo la Fiscalía General de la Nación que presenta bastantes problemáticas en su sistematización. 

De igual forma ocurre con la CNGS en la cual el Gobierno Nacional ha enviado documentos desconocedores de la real dinámica de la institución incluso a instancias judiciales como la Jurisdicción Especial de Paz -JEP y según los cuales la Comisión ya ha creado una política pública de desmantelamiento de las organizaciones armadas, pese a que ésta nunca haya sido discutida en su interior. La maniobra del Gobierno Nacional ha consistido en alterar su composición y funcionamiento con el objetivo de paralizarla y mostrar aparentes resultados mostrando las políticas de seguridad y defensa ya existentes y en ejecución como la nueva política pública excluyendo de manera constante a la sociedad civil presente en la instancia.

Asimismo ha habido una implementación fragmentaria del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios y en general de los programas de protección colectiva que han visto su presupuesto reducido hasta en un 50 % y no han tenido un avance significativo más allá de la realización de algunos planes pilotos cuyas medidas han sido en casi su totalidad no materializadas. Siendo este el trasfondo aumento de la inseguridad expresado también en la constante ocurrencia de masacres, episodios de desplazamiento y confinamiento armado.

Finalmente, como organización de derechos humanos, comprometida con la defensa de la vida digna, expresamos nuestro apoyo al trabajo de la Alta Comisionada cuya labor ha resultado fundamental en la garantía, exigencia y protección de los derechos humanos. Instamos a los entes internacionales a no bajar la guarda en la observación y seguimiento de las acciones del Gobierno Nacional colombiano, el cual, a todas luces, carece de compromiso por la vida, las garantías de seguridad y el respeto por los derechos fundamentales de los y las ciudadanas. 

[1] La CCEEU con la mesa de trabajo de desaparición forzada ha informado sobre 820 personas que todavía no se conoce su paradero, con lo que solicitó la implementación inmediata del Mecanismo de Búsqueda Urgente. Aún se desconoce la situación de 312 de ellas.