ILDEFONSO PRADO LÓPEZ es un reconocido líder de reclamantes de tierras despojadas ubicadas en la vereda Macondo del municipio de Zona Bananera (Magdalena), que actualmente se encuentran en el proceso de restitución dispuesto en la Ley 1448 de 2011.

Los días 13 y 14 de julio de 2016 llegaron dos hombres en moto de alto cilindraje a la casa del hermano de Ildefonso, el señor MANUEL RAMOS LÓPEZ, ubicada en el municipio de Zona Bananera, quienes reclamaron de los familiares el número de teléfono y ubicación de ILDEFONSO PRADO LÓPEZ. Ante la negativa de estos a brindar los datos, los hombres advirtieron que quien sufriría las consecuencias sería su hermano.

Seguidamente, el  viernes 15 de julio de 2016, cuatro hombres armados, quienes cubrían su identidad con pasamontañas, ingresaron violentamente a la casa de MANUEL RAMOS LÓPEZ. Al no encontrarlo, insultaron y golpearon a su esposa mientras le enseñaban agresivamente la cédula de ciudadanía de Manuel, que tienen en su poder, procediendo a escribirle las iniciales y el número de cédula de su esposo en el brazo, reiterando la amenaza en contra del hermano de ILDEFONSO en caso de no obtener información sobre él.

Desde el inicio del proceso de restitución de tierras en 2015, Ildefonso ha sufrido constantes amenazas que lo han forzado varias veces a desplazarse de su tierra junto a toda su familia. La primera, en la noche del 22 de agosto de 2015, cuando dos hombres armados y cubiertos con pasamontañas llegaron a su casa realizando actos intimidatorios con las motos en las que se movilizaban, retirándose luego.

Posteriormente, el 19 de octubre de 2015, un hombre armado, también en motocicleta, abordó al líder y lo amenazó ordenándole no continuar con el proceso de restitución de tierras.

Dadas estas circunstancias, la Unidad Nacional de Protección calificó el riesgo de Ildefonso como “riesgo extraordinario”. Sin embargo, las únicas medidas de protección otorgadas fueron un chaleco y un celular, desconociendo el contexto de riesgo y vulnerabilidad en que Ildefonso asume la defensa del territorio así como la intensidad de los hechos victimizantes ocurridos contra líderes sociales, reclamantes de tierras y contra la población en general de la zona bananera; por ello exhortamos a la UNP a la adopción de medidas positivas determinables en función de las particulares necesidades de protección del reclamante de tierras en virtud de la situación específica mencionada.

Contexto actual del caso

Recientemente la demanda de restitución de tierras fue presentada ante el Juzgado con competencia, por lo que se puede inferir que la sucesividad y gravedad de las amenazas en contra de Ildefonso demuestran que estas han sido efectuadas con el objetivo primordial de desestabilizar al líder, además de emitir un mensaje de escarmiento al grupo de solicitantes para que desistan de la reclamación de tierras que adelantan, ahora que el proceso judicial avanza. Desconociendo el carácter oficioso de la acción.

Por otro lado, el contexto del municipio de Zona Bananera se ha agravado durante el primer semestre de este año: en el mes de mayo fue asesinada una funcionaria de la alcaldía municipal y han circulado entre la población varios panfletos amenazantes en contra de los habitantes de este municipio.   

José Gregorio Mangonez Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’ cumplió recientemente sentencia de 8 años al haber declarado bajo la Ley de Justicia y Paz y actualmente se encuentra en libertad sin restricciones a su movilidad.

El origen de las amenazas

Los predios Diana María 1 y 2 son reclamados por 53 grupos familiares poseedores de  51 lotes de terreno en los que se dividieron los predios de mayor extensión desde el año 1994 cuando la señora Teresita Fernández de Castro, hermana de Manuel Fernández de Castro y propietaria de los predios, en ese momento entregó las fincas a los solicitantes para que de allí se pagaran las acreencias laborales reconocidas mediante sentencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta; esta posesión fue ejercida hasta el 12 de septiembre de 2001, cuando cuatro paramilitares pertenecientes al Frente William Rivas llegaron al predio y asesinaron a DIEGO GARCÍA y a EDUARDO EMILIO CORTÉS, advirtiendo a los demás poseedores de los predios que debían abandonarlos en menos de 72 horas, por lo cual toda la comunidad se desplazó forzosamente.

El señor JUAN MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO, un mes después del desplazamiento destruyó los cultivos e inició la siembra de palma aceitera que hoy se mantiene, mientras se hizo a la propiedad de los predios en el año 2003, mediante diversas maniobras judiciales y legales entre ellas la cesión forzosa de los derechos litigiosos laborales que tenían los ahora solicitantes de restitución y constituyó la Sociedad V.F S.A. que hoy ostenta los títulos de ambos predios y de la cual es  representante legal.

Es pertinente mencionar que el señor Fernández de Castro ha sido vinculado como despojador en otras solicitudes de restitución de tierras en el Cesar y Pivijay (Magdalena), además de enfrentar varias denuncias por desplazamiento forzado, amenazas y homicidio, procesos que todavía no han sido resueltos. 

La Comisión Colombiana de Juristas, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-, el Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP / Programa por la Paz, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Programa Somos Defensores, hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional y a la comunidad nacional e internacional por las graves amenazas que se vienen presentando contra ILDEFONSO PRADO LÓPEZ, MANUEL RAMOS LÓPEZ y sus familiares y urge a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección adelantar las labores de investigación y adoptar medidas de protección efectivas que garantícenla vida y la integridad personal de Ildefonso Prado López y sus familiares.